El Gobierno sigue sin disolver la sociedad Desaladora de Escombreras

El informe de Intervención, elaborado a la luz de dos auditorías externas correspondientes a los años 2019 y 2020, subrayaba que la situación financiera de la sociedad era «crítica» y que, de seguir la situación de disminución muy acusada de ventas de agua procedente de la desaladora, «pueden concurrir alguna o algunas de las causas de disolución» establecida en la Ley de Sociedades de Capitales. «Por lo que los administradores de la sociedad deberían proceder a la convocatoria de la Junta General de la misma para que esta adopte el acuerdo de disolución de la sociedad», añadía el informe.

El órgano recordaba a los administradores las consecuencias de no hacerlo: el artículo 367 de la citada ley establece la «responsabilidad solidaria de los administradores respecto de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, para el caso de que los administradores incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que esta adopte el acuerdo de disolución, así como para los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de acreedores de la sociedad». A día de hoy, tres meses después de la elaboración del informe, dicha Junta General no se ha convocado.

Por otra parte, fuentes de la Comunidad señalaron que la planta de Escombreras sí está produciendo, a una media de 3,2 millones de metro cúbicos de agua anuales. Recuerdan dichas fuentes que se produce «lo que autoriza la CHS», que restringió la venta de agua a los agricultores hasta que estos certificaban que no contaminaban el Mar Menor.