La Comunidad se persona como posible perjudicada en la causa de la desaladora contra Valcárcel
El Consejo de Gobierno aprueba la recomendación de los Servicios Jurídicos «por coherencia procesal» y en previsión de que se dictamine algún daño para las arcas autónomicas
Fuera del orden del día, y sin que pasara por la reunión previa de secretarios, el Consejo de Gobierno acordó en su reunión de este jueves que la Comunidad Autónoma se persone como posible perjudicada en la pieza separada abierta contra el expresidente Ramón Luis Valcárcel por la causa de la desaladora de Escombreras, en la que está siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Consejo estuvo presidido por la vicepresidenta Isabel Franco, debido a la ausencia de Fernando López Miras, que regresaba de su viaje a Berlín.
El consejero de Hacienda y Presidencia Javier Celdrán explicó a LA VERDAD que los miembros del Ejecutivo aprobaron la propuesta que hizo la Dirección de los Servicios Jurídicos para que la Comunidad se persone en la causa, con el fin de defender los intereses de la Administración regional. Señaló que el Ejecutivo de López Miras ha actuado «por coherencia procesal», ya que la Comunidad también se personó en la pieza principal de la desaladora.
El PSOE exige a López Miras que pida perdón por la ruina que ha causado el PP a las arcas regionales
Añadió que no ha existido ninguna discrepancia en el seno del Consejo de Gobierno sobre esta recomendación de los Servicios Jurídicos, algo que a su juicio no es opinable. Añadió que no hubo que votar. Celdrán dijo que se ha hecho abstracción de la persona incursa en el procedimiento, en este caso Valcárcel, presidente de honor del PP regional. Apuntó que lo importante es colaborar en el esclarecimiento de los hechos y defender el interés público. Negó que este caso pueda afectar a la estabilidad del Gobierno regional. El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, de quien depende Esamur, la entidad que tiene a su cargo la desaladora, fue quien dio traslado de la petición jurídica. Otras fuentes apuntaron que un consejero del PP expresó algún reparo.
Informe de la Intervención
Valcárcel dirigió la Comunidad Autónoma entre 1995 y 2014 y fue vicepresidente del Parlamento Europeo hasta el año pasado. La Fiscalía del TSJ presentó una denuncia contra él cuando dejó de estar aforado y ha sido citado a declarar como investigado el próximo 16 de marzo, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El fiscal sostiene que Valcárcel no pudo ser ajeno a las gestiones del Ente Público del Agua para asumir un contrato que considera muy perjudicial para las arcas públicas, ya que la Administración regional se comprometía a abonar 600 millones en 25 años por la desaladora, incluso aunque no se hubieran obtenido los recursos hídricos previstos.
La Intervención General de la Comunidad propuso el año 2016 la apertura de un expediente de responsabilidad contable por los posibles perjuicios causados al erario público con la desaladora de Escombreras, lo cual llevó también al Tribunal de Cuentas a abrir diligencias. Previamente la Dirección de los Servicios Jurídicos propuso trasladar la documentación a la Fiscalía, que ya había abierto diligencias.
El diputado regional del PSOE Alfonso Martínez Baños declaró que la citación a Valcárcel «para declarar como imputado demuestra la gravedad de la trama de la desaladora de Escombreras que nos va a costar a todos los murcianos 600 millones de euros. Es una más de la larga lista de tropelías del Gobierno del PP en 25 años, que han dejado arruinadas las arcas regionales. Si tuviera un mínimo pudor político, Fernando López Miras debería pedir perdón a la ciudadanía. Esperamos que la justicia pueda desentrañar esta trama y depurar responsabilidades penales, ya que parece que no van a asumir las responsabilidades políticas», indicó.
