El futuro Gobierno PSOE-Podemos prohibirá la compraventa de agua
El pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no menciona el Trasvase, aunque erradica las transacciones de caudales entre usuarios, como se practica desde hace quince años
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos prohíbe expresamente la compraventa de derechos concesionales de agua, como los que se vienen realizando en los últimos quince años entre usuarios de la cuenca del Segura y del Tajo, y que han servido para paliar la falta de recursos en los momentos de mayor escasez. El acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias parte de la base de que el agua «no es un bien mercantil». Dedica un capítulo al agua, en el que no se mencionan los trasvases, aunque advierte de que a causa del cambio climático habrá menos recursos hídricos disponibles.
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El acuerdo propone desarrollar un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua, basado en cuatro puntos. Apuesta por la racionalización del uso del agua, «en línea con la Directiva Europea sobre Calidad del Agua, en un contexto de disminución de la disponibilidad de recursos hídricos como consecuencia de los efectos del cambio climático». Asimismo, impulsará el Plan Director de Regadíos para desarrollar inversiones en instalaciones y obras en baja que mejoren la disponibilidad y uso sostenible del agua, generando valor añadido y empleo.
Igualmente propone garantizar el agua potable y de riego, «al tiempo que se protege el medioambiente y se consagra el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil. Se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua». Por último, se llevará a cabo el saneamiento de las rías, desembocaduras de ríos y otros lugares de especial riqueza ambiental, económica y social.
Por otra parte, el acuerdo de Gobierno propone una nueva ley reguladora del ciclo integral del agua. «Se promoverán además las modificaciones regulatorias que faciliten la gestión pública y directa del agua, en particular por parte de los ayuntamientos, así como la modificación de la normativa de contratación pública para reducir los límites de duración de los contratos futuros de gestión indirecta y el estudio de la reversión de las concesiones que no cumplan con la legislación vigente».
La compraventa de derechos concesionales está recogida en la ley del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, como un mecanismo complementario para que los regantes de la cuenca del Segura puedan comprar caudales a otros usuarios de la cuenca del Tajo, dispuestos a cederlos a cambio de una tarifa regulada por el Ministerio. Fue un sistema muy utilizado en la etapa de la exministra Cristina Narbona; no solo por los regadíos, sino también para asegurar los abastecimientos a la población de Murcia, Alicante y Almería. La ley del Memorándum endureció las condiciones para realizar estas operaciones, que quedaron muy reducidas.
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