Un funcionario de Hacienda 'perdonó' 17.000 euros a Fernández Lladó con un documento falso

En esa situación se encontraba esta empresa familiar cuando, tiempo atrás, allá por octubre de 2021, recibió un requerimiento de la Agencia Tributaria por el que se le reclamaba el abono de unos 85.000 euros por impago de IVA y del Impuesto de Sociedades. Esa cantidad no fue satisfecha y recientemente llegó otra notificación, reclamando el importe por vía de apremio y sumándole un 20% por el impago. Este recargo ascendía a unos 17.000 euros, según confirmaron ayer a LA VERDAD fuentes de toda solvencia.

Fue entonces cuando Fernández Lledó comenzó a realizar algunas gestiones para tratar de solucionar ese problema, hasta que, por vía de un conocido, acabó llegando hasta un alto funcionario de la Agencia Tributaria en Murcia, responsable del servicio de Fraccionamiento. Fue este quien, en apariencia, le asesoró sobre la manera en que podría liberarse del recargo: presentando un documento en el que se justificara que había presentado en tiempo y forma una petición de fraccionamiento de la deuda fiscal.

Y el director de Carreteras acabó acudiendo al Ayuntamiento de su localidad, Alguazas, donde el responsable del Registro municipal le habría confeccionado el documento falso que requería.

Ya con ese certificado en su poder, Fernández Lladó lo habría presentado en la Agencia Tributaria y, supuestamente con la mediación del citado funcionario, se dio por bueno y se le condonó el abono de los 17.000 euros.

El problema para el alto cargo de la Consejería de Fomento es que sus gestiones fueron escuchadas por la Guardia Civil, merced a uno de los teléfonos intervenidos en la llamada 'Operación Brubaker', en la que se investigaba una presunta trama delictiva en la prisión de Sangonera. Una de las personas que estaban en el centro de las pesquisas era ese responsable de la Agencia Tributaria con el que había preparado el supuesto manejo.

El martes, Fernández Lladó fue detenido por presunta falsedad documental y horas más tarde fue cesado de manera fulminante por el Gobierno regional.

Ahora, su arresto puede tener más repercusiones políticas, pues amenaza con poner en un serio apuro político a la alcaldesa de Alguazas, Silvia Ruiz Serna, compañera de partido y amiga suya. La primera edil alguaceña se ha acabado viendo salpicada por las declaraciones de Fernández Lladó ante la Guardia Civil.

Las fuentes citadas han confirmado que, en sus manifestaciones, el ex alto cargo regional admitió que había acudido al Ayuntamiento de Alguazas para requerir un favor al funcionario responsable del Registro municipal. Y que había hablado del asunto con la alcaldesa, que fue quien le encaminó hacia ese empleado público.

La propia Silvia Ruiz reconoció ayer a este periódico que ese encuentro se produjo realmente, pero señaló que solo atendió a Fernández Lladó como amigo y vecino de Alguazas, «al igual que hago con cualquier otra persona que tenga que solucionar algún asunto». Y añadió que se limitó a presentarle al responsable del Registro. «Me dijo que era un problema personal que tenía que solucionar y ya los dos se quedaron hablando y yo me marché, por lo que no sé nada más», indicó.

El mero hecho de que Fernández Lladó haya mencionado a la alcaldesa de Alguazas en el ámbito de una investigación judicial, como aparente conocedora de la gestión que iba a realizar con el funcionario del Registro, la sitúa en una posición delicada. No en vano, la primera edil popular gobierna en minoría, con el apoyo de Unidad por Alguazas, desde que llegó al poder con una moción de censura que, en julio de 2020, sacó de la Alcaldía al socialista Blas Ángel Ruipérez. Un eventual replanteamiento de la situación por parte de su socio de gobierno, el líder de la formación independiente, José Gabriel García Bernabé, podría hacer que su cargo se tambaleara. García Bernabé, de momento, no se ha pronunciado sobre el asunto.

Ayer, Blas Ángel Ruipérez, secretario general del PSOE de Alguazas y anterior alcalde, instó al equipo de gobierno a que «informe hasta dónde llega la implicación del Ayuntamiento en este asunto», porque «es extremadamente grave que se falsifiquen documentos públicos desde nuestra institución municipal y que la propia alcaldesa tenga algo que ver, por lo que, de confirmarse, estaríamos en un hecho de corrupción sin precedentes en nuestro municipio».