La Fiscalía reclama a la Audiencia que mantenga los cargos contra Valcárcel

La Fiscalía Superior de la Región acaba de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia, referido a las diligencias del llamado 'caso La Sal II', por el que se reclama que el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel siga imputado en ese asunto por presunta malversación de caudales, al considerar que era perfectamente conocedor de todo el procedimiento para impulsar y adquirir la desaladora de Escombreras.

El Ministerio Público sostiene que las investigaciones practicadas hasta el momento «permiten sostener los indicios de responsabilidad penal contra el señor Valcárcel acerca de su participación y verdadero conocimiento de la gestión y contratación de la desaladora y de su operativa, como mínimo hasta abril de 2006, y al menos en sus aspectos generales» (aunque no conociera necesariamente el detalle exacto de toda la operativa). Asimismo estima que el archivo de las diligencias ordenado hace unos días por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia en favor del antiguo jefe del Gobierno regional es «prematuro», toda vez que quedan por practicar algunas diligencias.

En sus argumentos legales, el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, deja constancia de que algunas de las decisiones más relevantes sobre la desalinizadora de Escombreras se adoptaron por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, que presidía Valcárcel, y que se debe partir de la base, en razón de ese cargo y del impulso personal que le dio al proyecto, de que «conocía sus obligaciones y era garante del cumplimiento de la legalidad, conocimiento mínimo que debe tener un presidente de la Comunidad cuando todos los pasos que condujeron a la adquisición de la desaladora ha intervenido por acción u omisión cooperando de ese modo a su ejecución». En esta línea recuerda que incluso «fue el que ordenó la adquisición de la desaladora y así lo reconoció, siendo una competencia expresa que tenía como presidente».

Afirma el fiscal Lozano que «la decisión de construir o adquirir la desaladora fue personal de Ramón Luis Valcárcel» y que quien fue gerente del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido, declaró que «la voluntad del señor Valcárcel fue la influyente para iniciar el proceso de adquisición» de las instalaciones. Todo el proceso de tramitación, añade, se hizo al margen de la legalidad y dejando a un lado a la Intervención General de la Comunidad Autónoma y a los Servicios Jurídicos, pues la operación de ingeniería societaria fue diseñada desde despachos legales privados.

Incluso se asumieron sin reservas las cláusulas «leoninas» que las empresas privadas que iniciaron el proyecto pactaron entre sí, «comprometiendo fondos públicos de forma severa durante al menos 25 años», por un importe que habría ascendido hasta los 600 millones de euros.

«Toda esta operativa concatenada y sincronizada se hizo de espaldas a todo servicio jurídico y de intervención de la CARM, lo que solo resulta posible si el proyecto viene auspiciado y vinculado a la voluntad del presidente», insiste el fiscal Anticorrupción.

Incluso da por hecho que fue Valcárcel quien presidió la reunión del Consejo de Administración del EPA en julio de 2008, como quedó constancia en el correo de convocatoria, «aunque lo haya negado el investigado y los testigos propuestos (para aclarar esta circunstancia) sufran una amnesia selectiva», se lamenta.

Así se reflejó en el acta manuscrita del encuentro, señala Lozano, en la que se hizo constar que «preside R. L. Valcárcel. Palabras del presidente de apoyo total al proyecto, que tiene absoluta prioridad social al margen de la rentabilidad política».

El Ministerio Público reprocha a la juez que haya hecho una valoración aislada de cada uno de esos hechos, «lo que no permite considerar si tales decisiones fueron injustas o arbitrarias», cuando el análisis ha de ser conjunto. También señala que el auto de archivo «carece de la motivación mínima y suficiente».

Por todas estas razones, la Fiscalía reclama de la Audiencia Provincial que revoque la resolución por la que se exculpó a Ramón Luis Valcárcel, de forma que se reabran las diligencias y el expresidente continúe estando imputado. Y es que la Fiscalía considera que ya en estos momentos existiría base suficiente como para dictar un posible auto de transformación en procedimiento abreviado, una resolución que vendría a equivaler al auto de procesamiento.