La Fiscalía pide al TSJ que fuerce a la Comunidad a perseguir a diez empresas por daños al Mar Menor
Reclama la aplicación del principio 'quien contamina paga' y muestra su sorpresa por que se pretenda trasladar la responsabilidad a la CHS
La Físcalía Superior de la Región presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), con el que pretende que se fuerce a la Comunidad Autónoma a perseguir pecuniariamente a diez grandes empresas agrícolas del Campo de Cartagena por los daños causados al Mar Menor con sus vertidos desde 2012. Esta iniciativa legal se ha adoptado por el Ministerio Público después de que, el pasado mayo, la Consejería de Agricultura del Gobierno murciano señalara en un informe que la competencia para aplicar el principio legal «quien contamina paga», en este asunto concreto, correspondía a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Una respuesta que causó particular sorpresa y malestar en la Fiscalía de la Región, que interpretó esta respuesta como un intento de desviar la responsabilidad hacia otro organismo, en este caso la CHS, dependiente del Ejecutivo de la Nación.
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En aquel momento, la institución que dirige José Luis Díaz Manzanera ya avanzó que presentaría un recurso contencioso administrativo contra la Comunidad Autónoma, con el fin de forzar a la Administración regional a asumir la que considera que es su responsabilidad de perseguir económicamente a los causantes de la contaminación de la albufera, y es lo que acaba de hacer ahora.
En su recurso, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Ministerio Público expone que la acción de exigencia de responsabilidad medioambiental, que se requiere de la Consejería de Medio Ambiente, es objetivamente una competencia de la Administración autonómica al tratarse de daños causados al Mar Menor, «sobre el que carece de competencia alguna la CHS» y a la que la Comunidad deriva esa responsabilidad «sorprendentemente», según afirma la Fiscalía.
Además de recordar que las diez empresas señaladas por los vertidos al Mar Menor disponían de desalinizadoras ilegales que estuvieron funcionando a pleno rendimiento durante años, lo que habría generado vertidos de salmuera con nitratos y sulfatos por hasta 5,5 millones de m3 (el equivalente a unas 2.600 piscinas olímpicas), el Ministerio Público recuerda que «la responsabilidad medioambiental es una responsabilidad ilimitada, ya que el contenido de la obligación de reparación consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o resparadoras». Quiere ello decir que «se prima el valor medioambiental, el cual no se entiende satisfecho con una mera indemnización dineraria».
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