La Fiscalía insta a la Comunidad a aplicar el «quien contamina paga» en el Mar Menor

La Fiscalía Superior de la Región va a observar con lupa la actuación administrativa del Gobierno murciano en lo que se refiere a la exigencia de responsabilidades pecuniarias por la contaminación del Mar Menor, con el objetivo de evitar que puedan quedar espacios de impunidad y que los responsables de la gravísima degradación ambiental de ese ecosistema único puedan, como se dice popularmente, irse de rositas.

Por tal razón, el máximo representante del Ministerio Público en la Región, José Luis Díaz Manzanera, ha ordenado la apertura de un expediente gubernativo, en la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía Superior que encabeza Javier Escrihuela, por el que se acuerda requerir a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, como administración pública competente, «para que proceda a incoar los expedientes administrativos que correspondan para exigir la responsabilidad ambiental a aquellas personas físicas y jurídicas que han podido influir en la contaminación y degradación del Mar Menor».

Con esta actuación se está instando expresamente a la Comunidad Autónoma a aplicar la Ley de Responsabilidad Ambiental para el caso específico de la contaminación del Mar Menor, de forma que se aplique el principio legal que establece que «quien contamina paga» y que, en suma, debe obligar a responder económicamente a quienes resulten finalmente señalados como responsables del grave deterioro ambiental que sufre la laguna costera.

El objetivo último del expediente gubernativo incoado por el Ministerio Fiscal no es otro que «conseguir la reparación de los daños causados» en ese entorno natural, además de obligar a «la adopción de las medidas de prevención adecuadas para la evitación de nuevos vertidos contaminantes al Mar Menor» por parte de los responsables de esa situación.

En un comunicado hecho público ayer por la Fiscalia Superior de la Región se advierte expresamente a la Comunidad Autónoma de que «en caso de su incumplimiento por éstos (los causantes de la degradación dela laguna)», debe procederse «a la ejecución forzosa de aquellas actuaciones a costa de los responsables, con el fin de devolver los recursos naturales dañados a su estado original». Esto es, se recuerda a la Administración regional que la exigencia de responsabilidades económicas a los autores de la contaminación debe orientarse a lograr que el Mar Menor recupere los niveles de salubridad adecuados.

Es en este punto cuando cobra plena vigencia el principio «quien contamina paga», recogido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental, con la que se vino a dar respuesta a la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. En este sentido, la Fiscalía murciana señala en su resolución que la reparación de los daños deberá ser asumida «por los operadores económicos que se hayan beneficiado con su actividad, causando un daño al Mar Menor o a su entorno natural», y que deberán responder «por el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras, y ello al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento».

Para fiscalizar la correcta actuación del Gobierno regional en este terreno, Díaz Manzanera insta además a la Comunidad Autónoma a tenerle por personado en todos los expedientes administrativos que se inicien por tal razón, además de requerirle «para que se nos notifiquen directamente todas las resoluciones que se dicten». De esta manera, en el caso de que se considere necesario, la Fiscalía podría «iniciar la vía contencioso-administrativa, en aras a promover la acción de la justicia en defensa del principio de legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».

La iniciativa legal impulsada por la Fiscalía Superior es colateral a las investigaciones penales que se vienen desarrollando en los juzgados de la Región por la contaminación de la albufera, de las cuales la más relevante es la impulsada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, conocida como 'caso Topillo'. En estas diligencias, coordinadas por el magistrado Ángel Garrote, están encausados un centenar largo de empresas agrícolas y agricultires del Campo de Cartagena, sospechosos de haber contribuido de forma relevante a la degradacion del Mar Menor a través de sus vertidos de salmuera. Estos, según la hipótesis que busca probar la investigación, llegaban a la albufera a través de las ramblas o por las filtraciones del acuífero subterráneo, a los que se habria arrojado el rechazo de cientos de plantas desalinizadoras clandestinas, instaladas en las explotaciones agrarias para quitarle el nitrato a las aguas de pozos salobres y así poder aprovecharlas para regar los cultivos.

El juez Manuel Garrote acaba de imputar esta misma semana a otros seis agricultores y representantes de mercantiles del sector agrario, que tendrán que prestar declaración en los próximos días por el aparente uso de este tipo de instalaciones desalobradoras.

La nómina de encartados en estas diligencias se completa con antiguos altos responsables de la Consejeria de Agricultura y Agua, encabezados por el exconsejero Antonio Cerdá, y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), señalados por haber dejado presuntamente de controlar y perseguir durante largos años esas supuestas actuaciones irregulares del sector agrícola.

Una veintena de nuevos investigados comparecerán en los próximos días en el juzgado para prestar declaración sobre los cargos que se les atribuyen.