El fiscal pide 26 años a unos estanqueros de Murcia por presunto fraude fiscal de 2,1 millones

La calificación de la Fiscalía Superior de la Región, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, pone de relieve que los hechos que serán juzgados en los próximos meses se cometieron supuestamente entre los años 2013 y 2016, en los que la mencionada empresaria estuvo regentando una expendeduría de tabaco en el municipio de Murcia. Su marido colaboraba activamente en el negocio, según el fiscal, ya que en apariencia era quien se dedicaba a diario a adquirir el tabaco en los almacenes de un proveedor y a distribuirlo por diversos establecimientos, en los que se vendía directamente o en máquinas expendedoras.

Gracias a esa labor habrían conseguido vender una ingente cantidad de cajetillas, hasta el extremo de que el Ministerio Público señala que solo en 2013 los ingresos superaron los siete millones de euros, mientras que en los tres años siguientes, de 2014 a 2016, se fueron más allá de los quince millones. «Ello supuso que obtuvieran cuantiosos beneficios de esa actividad empresarial en cuanto que, por ley, las expendedurías de tabaco tienen derecho a percibir un 8,5% de comisión respecto al precio de venta al público de las labores de tabaco, recuerda el fiscal en su escrito.

El cálculo de beneficios efectuado por el acusador público indica que en 2013 el matrimonio habría obtenido 625.028 euros limpios; en 2014 se habrían elevado a 1.272.914 euros; en 2015 llegaron a 1.399.336 euros y, finalmente, en 2016, se situaron en 1.393.126 euros.

Sin embargo, con el aparente fin de eludir parte del pago que les correspondería por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), «simularon haber efectuado entregas de tabaco a diferentes personas que colaboraban en su distribución sin percibir el importe del producto entregado, como si tales entregas respondieran a descuentos o 'rappels' por ventas», afirma el fiscal especializado en delitos contra la Hacienda Pública, quien recuerda que tales descuentos en la venta de tabaco, en el caso de haberse producido, están prohibidos por la legislación.

Con todo, sostiene que en realidad tales 'rappels' nunca se llegaron a realizar, «obedeciendo únicamente su contabilización al propósito de los acusados de aparentar haber obtenido menos ingresos, o haber tenido mayores gastos, y que sus beneficios fueran aparentemente menores».

Asimismo, insiste el representante del Ministerio Público, los regentes del estanco habrían declarado sus ingresos a través de una modalidad simplificada, que en apariencia tampoco les era aplicable y que les permitió disfrutar de algunas bonificaciones en el rendimiento neto. Con tales prácticas, las cantidades presuntamente defraudadas ascendieron a 304.465 euros en 2013; 642.615 euros en 2014; 589.223 euros en 2015, y 590.327 euros en 2016.

Los hechos han sido calificados provisionalmente como cuatro delitos contra la Hacienda Pública y cuatro delitos contables, por los que el Ministerio Público reclama sendas penas de trece años de prisión para la estanquera y para su marido, así como el abono de indemnizaciones por más de 2,1 millones y de multas que superan los 5,1 millones. El juicio se celebrará en los próximos meses.