La falta de dos informes autonómicos frena el proyecto de Puerto Mayor

Así lo confirmaron fuentes del Miteco a LA VERDAD, tras «no haber recibido respuesta» de la Comunidad. La petición inicial tuvo lugar en mayo y, según destacaron en el Ministerio, «dicho informe se considera imprescindible para continuar con la tramitación de la aprobación del proyecto».

El Gobierno central se dirigió a la citada dirección general, de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor (liderada por Juan María Vázquez). Lo hizo al ser la «autoridad responsable de proteger el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia».

En este espacio «se sitúan las instalaciones a desmontar», y por lo tanto hay que aplicar la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. Transición Ecológica también tiene en cuenta el Reglamento General de Costas, por lo que el proyecto fue sometido a consultas a las administraciones públicas afectadas. Entre ellas está la Consejería de Salud, que también tiene pendiente responder.

Fuentes del Gobierno regional indicaron que el informe de Medio Ambiente se halla «en fase final de elaboración» y estará listo «en unos días»; y que la Dirección General de Salud Pública emitirá su informe «en breve». Respecto a Medio Ambiente, añadieron: «No nos consta que nuestro informe condicionara la tramitación ordinaria del expediente, dado que el Ministerio nos transmitió que seguiría tramitándolo, tanto si lo recibía como si no».

Lo ocurrido con este expediente trasciende días después de que el Gobierno regional informara de que no prevé cubrir el puesto de titular de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. Las competencias las ha asumido la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira. Todo ello, en medio de las quejas de sindicatos de funcionarios, organizaciones empresariales, asociaciones ecologistas y colectivos ciudadanos por la falta de personal en la Consejería, un déficit admitido por esta.

El proyecto de restauración de Puerto Mayor fue presupuestado en 22 millones de euros por el Ministerio, que ejecutará las obras de forma subsidiaria y pasará la factura a la empresa Puertomayor SA. Esta está obligada a ejecutar la recuperación ambiental de la zona, según sentenció el Tribunal Supremo en 2022. El plan de recuperación, lanzado por el Miteco tras conseguir la reversión de los terrenos a la Administración General del Estado, incluye la retirada de grandes tablestacas de acero, la extracción del material de relleno y la renaturalización de la Caleta del Estacio.

La actual fase de información pública del proyecto debe despejar la incógnita de qué hacer respecto a las 90.000 toneladas de suelos contaminados del relleno del puerto, cuya construcción no acabó. Si fuera precisa una evaluación de impacto ambiental sobre el tratamiento de las arenas, afectadas por metales pesados como plomo y arsénico (perjudiciales para la salud), el plazo de ejecución de los trabajos podría alargarse un año.

El proyecto plantea la extracción de esos materiales, procedentes de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, y su traslado a vertederos autorizados. Pero cabe la posibilidad de optar por dejar los desechos sobre el lecho marino, para evitar la movilización de los metales y reducir riesgos.

La ministra y vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera, visitó en abril Puerto Mayor y calificó el proyecto de «emblemático». Añadió que la regeneración ambiental podría «estar lista» en 2025, si bien admitió que el proceso de información pública podría «retrasar» esta previsión.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que en 2005 paralizó las obras de construcción de Puerto Mayor con una protesta de dos días e impulsó la causa judicial contra esta infraestructura, exigió ayer al Gobierno regional «que no demore más la respuesta al Ministerio».

El director de ANSE, Pedro García, se preguntó «si el retraso de la Consejería de Medio Ambiente en emitir los informe se debe a la falta de personal o si es algo intencionado». Afirmó que, «en cualquier caso, no es admisible que una Administración tenga que solicitar tres veces un informe sobre un proyecto de gran relevancia ambiental y para el turismo, máxime en una zona de la Región de Murcia que lo está pasando tan mal como el entorno del Mar Menor y La Manga».

García dijo que el del Ministerio es «el proyecto de restauración ambiental más importante que se va a acometer en la Región en mucho tiempo, pues devolverá al uso público un kilómetro de playa y recuperará 25 hectáreas».

Y recordó la acción conjunta de ANSE y Greenpeace con protestas y una lucha judicial. «Convencimos al Ministerio de Medio Ambiente, en la época de Cristina Narbona, para acudir a los tribunales contra la reanudación de las obras, autorizada de forma ilegal por el Gobierno regional de Valcárcel», señaló. Y agregó que el permiso se dio pese a que la concesión otorgada por el Estado español en 1975 a Puertomayor SA (del empresario Tomás Maestre) «había caducado».