El exjuez Calamita pide disculpas por atacar por escrito a una familia homoparental

En concreto, fue en julio del año pasado cuando Ferrín Calamita difundió la noticia de la pretendida ruptura de la convivencia de esa pareja y señaló que, al haberse desentendido de su hija, esta había pasado a depender de los servicios sociales. Incluso ofrecía su ayuda a la pequeña si la precisaba. Más tarde, el exjuez retiró el texto de la entrada de una red social, pero sin disculparse ni ofrecer explicación alguna.

Tales hechos motivaron la apertura de unas diligencias informativas por parte de la Fiscalía Superior de la Región, que en noviembre decidió remitir una denuncia a los juzgados por apreciar indicios de un supuesto delito de odio.

Ahora, cuando Calamita se encuentra cerca de tener que comparecer en un juzgado para declarar en calidad de investigado, ha remitido a LA VERDAD un escrito «con la única voluntad de reconocer un error y pedir sinceras disculpas».

Recuerda el antiguo magistrado que «la mayor parte de mi vida la he dedicado a juzgar los actos de los demás, lo que siempre traté de hacer con estricta sujeción a las leyes: la Constitución de 1978 y el resto del ordenamiento jurídico».

Y, ya entrando en el fondo del asunto, explica que en julio de 2020 publicó en una red social una 'Carta abierta a C.', «atendiendo a fuentes sin fiabilidad contrastada o conocida, y cometí el error de hacer determinados comentarios, afirmando hechos personales de sus madres que pueden no ajustarse a la realidad y que, de ser así, han podido causar un daño injusto a las dos personas aludidas, que, como todas, merecen el respeto intrínseco a su dignidad humana».

Haciendo examen de conciencia, admite que «nada puedo excusar ni oponer en ese sentido, por lo que solo puedo mostrar mi profundo arrepentimiento, ofrecerles mis sinceras disculpas y reclamar humildemente su perdón. Únicamente decir que en absoluto el móvil ha sido el odio, el rencor, la animadversión o la intención de dañar o difamar».

Calamita abandonó la carrera judicial después de que, a finales de 2009, el Tribunal Supremo lo condenara a una década de inhabilitación. Con esa sentencia corregía el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que le impuso dos años y tres meses de inhabilitación por prevaricación.