El exjefe jurídico de Fomento acusado de supuesta corrupción se descuelga de un acuerdo con la Fiscalía

Pérez Almansa, que está siendo defendido por el abogado José María Caballero, sostiene que defenderá su inocencia y critica tácitamente la elevada petición de pena que el Ministerio Público ha puesto encima de la mesa. «No sé a quién he matado», remarca. La Audiencia ha dado un plazo de 21 días naturales a las partes para que acaben sus negociaciones y aclaren si será necesaria o no la celebración de la vista en su caso. El letrado Caballero, por su parte, dio por hecho que su cliente se defenderá en el juicio y remarcó que existen «versiones distintas» sobre lo sucedido aquellos años en el despacho de Pérez Almansa. Aludió a la declaración de algunas personas que «terminaron personalizando los problemas que tenían con la Administración».

 El principal acusado de esta trama, que fue detenido en el curso de una investigación en mayo de 2019, puesto en libertad y posteriormente cesado de su cargo por el Gobierno regional, afronta presuntos delitos de estafa continuada, tráfico de influencias, falsedad en documento público, prevaricación, revelación de secretos, cohecho y actividades y negociaciones prohibidas. La Fiscalía, además de la pena de cárcel, reclama para él medio siglo de inhabilitación especial para empleo o cargo púbico, además de multas y una cantidad cercana a los 100.000 euros en concepto de indemnización a varios perjudicados.

Pérez Almanza, según plasma el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, utilizaba su despacho oficial en la sede de la Consejería de Fomento, en la plaza Santoña, para «captar clientes» con la finalidad de «participar e intermediar en actuaciones urbanísticas y de otra índole, solicitando por ello dinero en efectivo». El 'catálogo' de servicios que ofrecía el exjefe jurídico de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda incluía desde la alteración de informes urbanísticos para conseguir o ganar edificabilidad en proyectos de construcción en Murcia hasta las falsas promesas de adjudicación de obras públicas en Lorca, supuestas renovaciones de tarjetas de transporte para camiones, anulación de sanciones, legalización de naves industriales en Pozo Estrecho (Cartagena) e incluso la licencia para un cebadero de cerdos en Mazarrón.

Como avanzó LA VERDAD en abril de 2021, el asunto más relevante urdido presuntamente por Luis Pérez Almansa fue la alteración de un dictamen urbanístico, a petición del abogado J. M. O. B., para modificar el expediente de unos terrenos pertenecientes a la mercantil Rostoy y luego a la mercantil Promociones Keops en Casillas. El objetivo fue cambiar la actividad permitida en esa parcela, de uso económico a residencial, con una edificabilidad variable de entre 1 y 1,5 m2/m2.

Dentro de esos trámites, el Ayuntamiento de Murcia hizo una consulta a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda con el fin de conocer cuál sería la tramitación correcta de este expediente. Y fue Luis Pérez Almansa, como jefe de los servicios jurídicos de ese departamento, el encargado de emitir el informe que se envió al Consistorio.