Exculpan a firmas que 'inyectaban' sus vertidos en pozos a gran profundidad
El fiscal reclama que se archiven los cargos contra dos empresas que buscaron una solución al rechazo a través del Instituto Geológico
Siempre hay al menos dos maneras de hacer cualquier cosa: bien o mal. O, lo que viene a ser lo mismo: con cierta conciencia ... y responsabilidad o por las bravas. El núcleo del llamado 'caso Topillo', que investiga las posibles responsabilidades penales por la contaminación del Mar Menor, podría resumirse en buena parte de esa misma manera, pues los datos apuntan a que hubo un gran número de grandes agricultores y de importantes firmas agrícolas que, ante la escasez de recursos hídricos con los que sacar adelante sus cosechas –el 'oro verde' de esta región–, echaron por la senda de en medio. Abrieron pozos subterráneos, muchos de ellos sin autorización alguna, e instalaron desaladoras clandestinas de uso particular para procurarse por sí mismos el agua que nadie les garantizaba. Algunas estimaciones llegaron a cifrar años atrás en torno a un millar el número de instalaciones desalobradoras ilegales que se habrían montado en el Campo de Cartagena, aunque hasta el momento las mencionadas diligencias judiciales, que está impulsando el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, se dirigen contra unos 120 agricultores particulares y administradores y representantes legales de grandes compañías del sector agropecuario.
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Básicamente, lo que se les achaca, en base a un gran número de informes técnicos y científicos y a raíz de las investigaciones desarrolladas por los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, es que los encausados habrían estado vertiendo a ramblas y pozos subterráneos ingentes cantidades de salmuera, procedentes del rechazo de las desaladoras. Esos vertidos acababan en uno y otro caso contaminando el Mar Menor, bien por llegar directamente esos vertidos a la albufera o bien por filtraciones desde el acuífero Cuaternario.
De haber ocurrido exactamente así, y para establecer o no tal circunstancia deben servir estas diligencias, también hubiera sido posible acometer el problema de otra manera. Esto es, no por las bravas. Y fe de ello ofrece un reciente informe de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, que coordina Miguel de Mata, quien acaba de pedir la exculpación de dos firmas agrícolas, Invemel SL y Villar Alto lo Navarro SL, precisamente porque gastaron muchas molestias y mucho dinero para tratar de hacer bien las cosas.
En busca de una solución
Comoquiera que el problema generado por los nitratos no es nuevo, ya en el año 2000 estas mercantiles, agrupadas en torno a un ente denominado Comunidad de Vertidos Murcia Sur, impulsaron una investigación junto al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para tratar de buscar alternativas a esos vertidos de salmuera. El hecho de tener sus plantaciones en la zona de Torre Pacheco, a la altura del resort La Torre de Polaris World, aunque al otro lado de la autovía Murcia-San Javier, les llevó en un primer momento a buscar una fórmula para arrojar el rechazo al Mediterráneo. La solución no parecía mala, sobre todo teniendo en cuenta que los acuíferos de los que captaban el agua apenas tenían nitratos, por lo que los vertidos no podían considerarse contaminantes. Pero el hecho de tener que tender largas conducciones, que superasen incluso la autopista AP-7, les impidió obtener los permisos necesarios.
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Lejos de desistir, volvieron a requerir la ayuda del IGME, al que encargaron un estudio hidrogeológico tan ambicioso como costoso –pueden superar el millón de euros–, para el que fue necesario el empleo de técnicas petrolíferas. Tras acometer sondeos en el terreno de hasta 900 metros de profundidad, las conclusiones resultaron positivas para las firmas agrícolas, ya que se constató que existía la posibilidad de vertir los rechazos a un pozo de inyección profunda. En esa zona subterránea, situada más allás de los 500 metros de profundidad, había una especie de 'bolsa', como la define el fiscal De Mata en su informe, con una capacidad calculada en unos 650 hm3 y aislada de los acuiferos Cuaternario, Plioceno y Andaluciense. De tal manera que era posible conducir allí los vertidos sin generar impacto ambiental alguno. Y así lo hicieron.
Con el aval científico
José Luis García Arostegui, científico perteneciente al IGME, miembro del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor y perfecto conocedor de la solución ofrecida a los vertidos por estas dos explotaciones agrícolas, avaló en el juzgado todas estas circunstancias, tal y como ayer confirmó en conversación con LA VERDAD. Sus manifestaciones han resultado decisivas para que ahora la Fiscalía haya pedido el sobreseimiento de las actuaciones respecto de Invemel SL y Villar Alto lo Navarro SL. Según el Ministerio Público, sus responsables «actuaron con el convencimiento de no afectar en modo alguno al medio ambiente y a los sistemas naturales con su actividad» y de manera «plenamente conocida y consentida por las autoridades regionales y nacionales competentes en la materia». No en vano, la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) llegó a expedir informes favorables a la legalización de esas instalaciones y al mencionado pozo de inyección profunda.
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Sin embargo, la actuación de estas mercantiles retrata a la vez a esas 'compañeras de proceso' que, existiendo la opcion de haber hecho las cosas bien, optaron en apariencia por la otra vía.
Greenpeace ejercerá la acusación de la mano de Ecologistas y Anse
Tendrá que ponerse a la cola. La organización ecologista Greenpeace tendrá que ejercer la acusación popular en el 'caso Topillo' de la mano de Ecologistas en Acción y Anse, que estaban personadas anteriormente en ese procedimiento. Así lo ha decidido el juez instructor Ángel Garrote, después de estudiar los argumentos de Greenpeace, que pretendía ejercerla en solitario y de manera independiente; del Ministerio Fiscal y del resto de acusaciones privadas, así como de las defensas, la mayoría de las cuales se habían opuesto a las pretensiones del grupo defensor del medio ambiente.
Eran pocos los que dudaban de que esa sería la decisión que adoptaría el juzgado, teniendo en cuenta los más recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo, que abogan por que se unifiquen las acusaciones privadas cuando, como es el caso, existe «unidad de acción procesal»; esto es, cuando todos reman en la misma dirección. La principal razón estriba en la necesidad de evitar que causas como la de la contaminación del Mar Menor, que tienen ya un gran número de partes personadas, puedan sufrir mayores dilaciones en su tramitación por la entrada en liza de otras representaciones.
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