Examen desapasionado a la 'ley Celaá'

Nace, como todas las anteriores, sin consenso político y social, con la amenaza de un recurso ante el Tribunal Constitucional por el PP, un millón y medio de firmas en contra, manifestaciones como la organizada esta misma mañana en Murcia por la enseñanza concertada y la determinación del Gobierno regional a torpedear su desarrollo en la Comunidad. También como todas las regulaciones anteriores, la octava ley educativa de la democracia emerge envuelta en las eternas polémicas renacidas sobre las cuestiones de carácter ideológico, político y confesional que caben en la escuela: la eterna disputa por el peso de la asignatura de Religión, la dimensión de los contenidos éticos y morales, la posición de la enseñanza concertada en el tablero educativo, los límites a la libertad de las familias para elegir el tipo de centro que quieren para sus hijos y la cuota de autonomía que corresponde a las comunidades.

Más allá del frente de batalla político, que ha hecho del articulado de la Lomloe artillería en las últimas semanas, la nueva ley introduce otras reformas de alcance pedagógico, cambios en el papel que deben jugar los agentes implicados en la enseñanza, novedades para la educación especial y de 0 a 3 años, y modificaciones de calado en los reglamentos aplicados hasta ahora para la promoción y titulación de los estudiantes.

Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere, también con una o dos materias suspensas. En la actualidad, los estudiantes repiten automáticamente con tres suspensos, o dos si son simultáneamente Lengua y Matemáticas, y además puedan hacerlo todas las veces que se considere hasta que cumplan los 18 sin haber superado la ESO. Con la nueva ley, repetir será excepcional, y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria (y solo en sexto curso) y Secundaria. Al terminar la ESO, todos los escolares, titulen o no, recibirán una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. Los estudiantes podrán además lograr el título de Bachiller con una asignatura suspensa «siempre que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada». La medida supone para muchos, como el sindicato Anpe, «rebajar el listón para que pasen todos e incrementar artificialmente la tasa de titulados». En la Región, casi el 35% de los alumnos han repetido en alguna ocasión a los 15 años, una tasa que la OCDE denunció hace años por su elevado coste social y económico. Los docentes tampoco son, en general, partidarios de las repeticiones. «Solo en raras ocasiones tienen buen resultado; para la mayoría, abocan al fracaso escolar», defiende el presidente de la Asociación de Directores de Educación Secundaria, Raimundo de los Reyes.

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no afectarán a más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60% para el resto, un 5% más en cada caso. La normativa nace con la vocación de impulsar un cambio pedagógico. Así, los centros desarrollarán parte del currículo, podrán agrupar asignaturas por ámbitos de conocimiento y flexibilizar las metodologías, espacios y tiempos. Los nuevos criterios de evaluación buscan dejar atrás la educación academicista, para lo que eliminan los estándares de aprendizajes y se propone una evaluación por competencias: saber hacer frente a saber. Los centros podrán decidir un porcentaje de los horarios escolares. Además, se eliminan las reválidas de la Lomce, que nunca llegaron a aplicarse, y se establecen evaluaciones diagnósticas similares a las de PISA.

Uno de cada cuatro alumnos murcianos cuelgan los libros sin haber titulado, lo que supone la cuarta tasa de fracaso escolar más elevada de España, y a años luz de la media de la OCDE. La nueva ley plantea medidas para rebajar ese porcentaje, entre ellas la recuperación de los antiguos programas de diversificación curricular (llamados popularmente 'diver'). Los alumnos que van mal podrán matricularse en tercero de la ESO en un programa de diversificación curricular, que simplifica y adapta los contenidos. El plan de estudios continúa en cuarto, y permite a los alumnos obtener el título de la ESO. En CC OO entienden que la diversificación curricular funcionó «muy bien» durante décadas, hasta que fue eliminada por el exministro Wert. Repescar a los alumnos que dejan el sistema sin la formación necesaria es otro de los objetivos de la ley, que contempla programas de 'segunda oportunidad' para mayores de 17 años sin cualificación que les permitan alcanzar un título de FP o la certificación académica.

La educación pública, remarca la ley, constituye el «eje vertebrador del sistema educativo». Ese principio tiene reflejo en otros apartados de la regulación, como el que establece el incremento progresivo de puestos escolares en la red pública y el que incide en el crecimiento de la plazas públicas para niños de 0 a 3 años en escuelas infantiles y colegios.

La red de enseñanza concertada, que en la Región escolariza al 30% de los estudiantes en 129 colegios, se siente duramente agraviada por la nueva ley por varios flancos. Suprime el concepto de 'demanda social' para crear nuevas plazas educativas, y prohibe expresamente a los colegios el cobro de cuotas por parte de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito y de aportaciones a fundaciones o asociaciones, que es el atajo que se utiliza con frecuencia para esquivar la prohibición, que ya rige en el actualidad. También marca que los centros que separan a los alumnos por sexos (en la Región solo funcionan dos, Nelva y Monteagudo) no podrán recibir subvenciones. Es decir, perderán el concierto.

También en este apartado la ley pone por delante la red de centros públicos, a la que da expresa preferencia sobre los concertados para la creación de nuevos colegios. La normativa deja claro que el objetivo los próximos años será el incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. Para ello, los municipios «cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir centros públicos».

La 'ley Celaá' contempla una batería de medidas encaminadas a redistribuir a los alumnos entre las redes pública y concertada. En la actualidad, en los centros concertados solo el 5% de los estudiantes son hijos de familias inmigrantes. La reforma establece que cuando la demanda de plazas supere la oferta, las comisiones de admisión velarán «por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido». Los cambios en los criterios de admisión son de calado: cuando no existan plazas suficientes en un centro, el criterio principal para adjudicar plaza será la cercanía al domicilio. En la práctica, este apartado obligará a la Comunidad a eliminar el distrito único que ha regido en los últimos años. Para la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), esto supone «un ataque frontal al derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos», mientras que la FAPA estima que promoverá «un reparto más equitativo de los alumnos».

La asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota de media del expediente para acceder a la Universidad y lograr una beca. Además, se elimina la obligación de cursar una materia alternativa. Las dos medidas conllevan una pérdida importante de peso de la materia, ya que es más que previsible que bajen los alumnos matriculados si la asignatura es voluntaria y no cuenta.

La asignatura de Filosofía gana cuota en Bachillerato, pero a cambio la pierde en Secundaria, ya que un estudiante que termine la enseñanza obligatoria no habrá tenido ninguna aproximación a la materia. La ley elimina la asignatura de Valores Éticos en cuarto de la ESO, que es la que suponía un acercamiento a la Filosofía en esa etapa. A cambio, se incorpora la materia de Valores Cívicos, que en realidad se asemeja a una educación para la ciudadanía y los valores democráticos. En Bachillerato, en cambio, la Filosofía recupera su rango de obligatoria. «Es un avance, pero a la vez una pérdida, porque los alumnos que dejen de estudiar en la ESO no habrán tenido un mínimo acercamiento a los fundamentos de la acción moral», defiende la decana de la Facultad de Filosofía de la UMU, Francisca Pérez Carreño, quien considera que la materia ayuda a madurar a los alumnos y sienta las bases del pensamiento crítico. Una oportunidad perdida también para el diputado por Murcia en el Congreso de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, ponente de la Ponencia de la Lomloe. El secretario de la Mesa trató de incluir la Ética en la ESO hasta el último momento.

Los alumnos recibirán charlas y clases de educación afectivo-social, que promueve la enseñanza de educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria. De esta manera, esas clases quedan blindadas por ley ante cualquier intento de 'veto parental', como el que instauró en la Región el pasado curso el Gobierno regional por imposición de Vox. Otros contenidos introducidos por la reforma son la igualdad de género (se impulsará el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y se promoverá la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres), la defensa del planeta (se fortalecerán las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con la Tierra) y la historia de la democracia: los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, que tendrá que «plantearse desde una perspectiva de género».

La exigua oferta de plazas públicas para niños de 0 a 3 años aumentará en los próximos ocho años, según el compromiso del Gobierno. La ley ordena ampliar «de forma suficiente y asequible» la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años, con especial énfasis en compensar las desigualdades de acceso por falta de medios de las familias más desfavorecidas. El primer tramo de Infantil tendrá carácter educativo (y no solo asistencial) con requisitos mínimos y propuesta pedagógica. La 'entrada' de niños menores de 3 años en los colegios también está prevista por la ley, que plantea «promover la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas». Es decir, centros educativos donde los niños entren con menos de un año y salgan con 12, al terminar la Primaria. Esa decisión no ha caído bien en la patronal de cooperativas de enseñanza (Ucoerm), que representa a 120 escuelas infantiles. Temen que «podría conllevar que la escolarización se produjese en esos centros y después los padres no cambiasen a sus hijos a otros centros a partir de los 3 años; este apartado, unido a la situación de baja de la natalidad, genera un estado de incertidumbre ante la pérdida de alumnado y de puestos de trabajo de docentes», teme el presidente, Juan Antonio Pedreño.

El temor al cierre de los colegios de educación especial, aviado en las redes sociales en las últimas semanas, ha disparado las alarmas entre las casi un millar de familias murcianas que escolarizan a sus hijos en alguno de los 12 colegios que funcionan en la Región. La 'ley Celaá' sienta las bases para, en el plazo de diez años, dotar a los centros ordinarios «de los recursos necesarios para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad». La normativa garantiza que se seguirán financiando los centros de educación especial para que, «además de atender a los alumnos que requieren de una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios». Para muchos, esa medida aboca al cierre de los 12 colegios de educación especial. A las familias les preocupa por dos razones: en primer lugar, dudan de que los colegios ordinarios puedan disponer de los recursos de los especiales: desde ratios de 7 alumnos, a personal facultativo (enfermeras, fisioterapeutas...) y materiales como grúas. «Es impensable. Los alumnos con necesidades de educación especial que están en condiciones de asistir a las aulas abiertas de centros ordinarios ya lo hacen (de hecho, es así para 11.500 de los 13.200 escolarizados)», destaca el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pedro Martínez. Lucía Díaz Carcelén, directora del colegio de Educación Especial Cristo de la Misericordia de Murcia, apunta otro inconveniente de la nueva regulación: «Formamos y atendemos a los alumnos hasta los 20 años, y en ese caso, a los 18 años les dejas fuera de la enseñanza».

El Gobierno, previa consulta a las comunidades, fijará las condiciones por las que «el alumnado pueda realizar el Bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias lo aconsejen». Los alumnos tendrán, como en la ESO, más facilidades para titular: se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el estudiante que haya suspendido una asignatura (ahora es obligatorio aprobarlas todas). A las tres modalidades de Bachillerato actuales (Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades y Arte), se suma una cuarta: General.

El Consejo Escolar, que es el órgano de participación de las familias, los profesores y los estudiantes (a partir de Secundaria), recupera las competencias y la capacidad de decisión que limitó la 'ley Wert', que les adjudicó un papel meramente consultivo. Tendrán mayor responsabilidad en la elección del director y en la gestión y evaluación de los centros, y aprobarán el proyecto educativo y la programación general del aula. Esa capacidad de decisión provocará, a juicio de la FAPA, una mayor implicación de las familias, relajada en los últimos años.

Los inspectores de educación no harán un examen para ser seleccionados, sino que tendrán que superar una valoración de capacidades. Un cambio en el modelo de acceso que, a juicio del presidente de Unión Sindical de Inspectores de Educación de la Región, Antonio Manzano, puede dar lugar a la politización de la profesión y restar objetividad a sus valoraciones. «Es inadmisible que desaparezca la palabra 'prueba' en la fase de oposición de acceso al cuerpo, que actúa bajo criterios técnicos y profesionales». Para Manzano, «se abre la puerta a la politización de un cuerpo de funcionarios que vela por el cumplimiento del derecho constitucional a la educación». Para acceder, los aspirantes realizarán ahora una fase de concurso que valorará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades, y no una prueba.

La posibilidad de que los docentes con una «notoria falta de rendimiento» sean removidos de sus puestos fue introducida por la ley a última hora. El texto normativo establece que los funcionarios «que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento» podrán ser «removidos de su puesto y destinados a tareas que no requieran atención directa con el alumnado». La ley señala que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor, el Gobierno hará una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, así como el acceso y el desarrollo a la profesión docente.

El castellano deja de ser la lengua vehicular en la enseñanza. La lengua vehicular hace referencia a la que es usada en el ámbito educativo cuando los alumnos tienen varias lenguas maternas cooficiales, como en el caso de Cataluña, centro de la disputa. Aunque este punto de la ley ha resultado el más polémico por su valor simbólico, no tendrá consecuencias directas en las aulas de la Región. Ahora serán las comunidades autónomas las que pueden determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, que garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales en base a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa. La reforma, que complica la pelea a las familias que residen en Cataluña y quieren que el castellano sea la lengua vehicular en la formación de sus hijos, establece también que los alumnos deben terminar la enseñanza obligatoria con «un dominio pleno» tanto del castellano como de la lengua cooficial.

El desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas es uno de los puntos repetidos en el articulado de la Lomloe, que pone especial énfasis en la necesidad de mejorar la enseñanza digital de los alumnos tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva transversal, «y haciendo hincapié en la brecha digital de género». Un paso adelante para la plataforma Docentes Unidos, que reivindica el desarrollo de la digitalización «con una atención más individualizada que permita enfrentar el problema del abandono de los aprendizajes, que en la Región de Murcia está alcanzando proporciones de desastre con la pandemia».

Se garantiza un puesto gratuito en Primaria en el propio municipio del alumno que, en el caso de tener que trasladarse a la zona escolar más próxima, «será minimizando el desplazamiento». La ley da así oxígeno a los ocho centros rurales de la Región, que escolarizan a más de 1.210 alumnos que viven en áreas y parajes diseminados, y que, dependiendo de la matrícula de cada curso, sufren por su supervivencia.

El abrupto cierre de los colegios e institutos el pasado marzo por el confinamiento dejó en evidencia las costuras del sistema educativo, y desveló que la enseñanza no estaba preparada para dar el salto a la educación 'online'. La experiencia ha llevado al Gobierno a introducir en la ley un apartado destinado a prever futuras pandemias y situaciones de emergencia. El Ministerio y las comunidades definirán un plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la enseñanza del alumnado en cualquier circunstancia. El dispositivo para situaciones de emergencia abordará la organización del centro, la coordinación de los docentes y la comunicación con las familias, además de asegurar los medios técnicos.