La estrategia de la Fundación Ingenio siembra el desconcierto en el sector agro

Pocos dirigentes del agro quieren expresar públicamente su valoración sobre la asamblea de la Fundación Ingenio del pasado miércoles, en especial del discurso de su directora Natalia Corbalán, pero algunos comentarios a puerta cerrada no son favorables. Unos opinan que la fundación se ha cerrado muchas puertas de las administraciones públicas con las que tendría que tratar. Asimismo, recelan del protagonismo que está tomando este 'lobby' frente a quienes se consideran legítimos representantes del campo.

Lo cierto es que el sector se ha visto descolocado y desbordado por la iniciativa de este 'lobby'. «Todo está muy revuelto, esperamos que se calmen las cosas», resumió ayer un dirigente del Campo de Cartagena.

Quienes están totalmente a favor de la postura de la Fundación Ingenio han comentado que son partidarios de convocar movilizaciones en el Campo de Cartagena en contra de la ley del Mar Menor. Señalan que no se van a echar para atrás después de la asistencia masiva que hubo en la asamblea del miércoles en Torre Pacheco.

Proexport convocó ayer tarde una reunión con carácter urgente con una veintena de empresas asociadas del Campo de Cartagena, las más importantes de la comarca, para saber qué opinan de la situación. Entre estos figuran patronos de la fundación, algunos descontentos con la deriva que está tomando el 'lobby'. Proexport representa a cincuenta grupos de empresas de la Región y Almería. En la reunión quedaron reflejados puntos de vistas diferentes y se decidió mantener los próximos días un encuentro con las cooperativas agrarias para tratar de aunar criterios.

El director general de Proexport, Fernando Gómez, dijo que la reunión fue «muy positiva». «No tenemos problema en que se aporten todos los puntos de vista». Explicó que el encuentro tuvo «carácter extraordinario» debido a la convulsa situación de estos días. Añadió que «ni apoyamos ni dejamos de apoyar» a la Fundación Ingenio. «Respetamos las posiciones de todo el mundo, desde los ecologistas a las empresas del sector y los agricultores». Expresó la «preocupación» de Proexport de que esta situación dificulte la reforma de la ley del Mar Menor en la Asamblea Regional.

En el mismo sentido, las organizaciones agrarias Coag, UPA y Asaja esperan que la campaña de la Fundación Ingenio no afecte a la iniciativa que llevan entre manos para solicitar la reforma de una decena de artículos de la ley del Mar Menor; una solicitud que presentaron el lunes en la Asamblea Regional junto con la Federación de Cooperativas Agrarias (Fecoam) y Proexport. Los ataques de la fundación al Ejecutivo autonómico y a López Miras pueden obstaculizar sus objetivos, apuntaron algunos dirigentes, quienes tratan de separar su propuesta de las acciones de la fundación. Los cinco peticionarios también valorarán la situación los próximos días debido a la agitación que existe.

El presidente regional de Coag, José Miguel Marín, evitó valorar la asamblea del miércoles y señaló que su organización «se mantiene al margen». «Respetamos lo que cada uno quiera hacer». Consideró que el Gobierno regional «ha tenido una reacción potente, y esperamos que esta situación, en la que no queremos entrar, no afecte al trámite de la petición que hicimos a los grupos parlamentarios para cambiar determinados aspectos de la ley. Al margen de lo que plantee la fundación, entendemos que nuestra propuesta está fundamentada técnicamente», señaló Marín.

El presidente de Coag recalcó que la petición de las cinco organizaciones «tiene recorrido y estamos dispuestos a sentarnos y negociar». Coag participa en el proyecto del Cebas-CSIC sobre fertirrigación sostenible, que demuestra que se puede producir con las restricciones de la normativa actual, y que se quiere extender al Campo de Cartagena una vez que se homologue el ensayo, si bien Marín observa que no existe contradicción entre esta investigación y la petición de que se cambie la ley. A su juicio, «existen limitaciones que afectan a las rentabilidad de las explotaciones agrícolas».

Marcos Alarcón, secretario general de la Unión de Pequeños agricultores (UPA), confía en que los grupos parlamentarios «tengan en consideración» la propuesta para cambiar la ley. «No pedimos que se derogue, sino que se adopten medidas para que el impacto sea menor. Queremos que miren con atención nuestra propuesta y los fundamentos técnicos», Alarcón recalcó que el sector en su conjunto «tiene que implicarse en la sostenibilidad agrícola y ganadera».

A su juicio, «las propuestas radicales son las que no suelen prosperar». Se decantó por la «interlocución» entre todos los actores y de las administraciones, y en este sentido consideró que no es conveniente que dicha interlocución quede «dispersada». Apostó por el papel de las organizaciones agrarias como «legítimos representantes».

El presidente de Asaja, Alfonso Gálvez, indicó que «el sector es una olla a presión que ha tenido que explotar por algún sitio. Se ha puesto a la agricultura como la única culpable». Comparte la postura de la fundación sobre el impacto de las aguas residuales en el estado del Mar Menor. Sobre la responsabilidad que tiene la actividad agrícola, contestó que los nitratos que hay en el acuífero son de hace 30 años, y no de ahora en que las prácticas han cambiado en el campo. Reclamó al Gobierno central «que aplique el plan de 'vertido cero' que ha dejado en el cajón».