La 'ITV de edificios' obliga a inspeccionar otros 614 inmuebles de más de 50 años en la Región de Murcia

La inspección de edificios de más de 50 años está regulada por un decreto autonómico del año 2015, que desarrolla una ley estatal sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Desde entonces se viene aplicando dicha 'ITV' en función de un calendario que se corresponde con la fecha de construcción, y con un plazo de cinco años, una especie de moratoria, para llevarlo a cabo. Dichas inspecciones se realizan a los inmuebles y conjuntos residenciales, y no a las viviendas particulares.

La Consejería recuerda que son los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, los que realizan el seguimiento de las actuaciones que se deriven del contenido del lnforme de Evaluación de Edificios. En este sentido, los ayuntamientos son los que solicitan la revisión de los edificios, y también ejercen la función sancionadora, apostilla el departamento de Díez de Revenga.

La Comunidad Autónoma creó con ese decreto un marco común de actuación para todos los municipios, donde se establece la creación de un registro unificado, el cual se nutre exclusivamente de la información que remiten los ayuntamientos. Según el citado registro, un total de 2.079 edificios residenciales colectivos de la Región de Murcia han sido revisados. Es muy probable que la cifra real de inspecciones sea superior, dado que puede haber ayuntamientos que no hayan enviado toda información actualizada a dicho catálogo.

Cuando se aprobó el decreto autonómico en 2015, la Consejería comunicó que en ese momento había unos 9.000 edificios residenciales colectivos en la Región con más de 50 años de antigüedad que debían pasar la inspección. Se aprobó un calendario de controles empezando con las construcciones anteriores a 1929. A partir de ahí, las inspecciones prosiguieron agrupando los inmuebles por fecha de edificación.

En aquel momento, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región estimó que unos 10.000 edificios de viviendas colectivas tenían más de 50 años de antigüedad, ya que su año de construcción era anterior a 1964, según el censo oficial de viviendas. Dicho Colegio puso en marcha una campaña para informar a los ciudadanos.

Los informes técnicos deben validar la seguridad de las edificaciones a través de parámetros de conservación, accesibilidad y eficiencia energética, con una periodicidad de diez años. Comprobarán, por ejemplo, que los inmuebles disponen de barandillas de seguridad para los mayores, accesibilidad para personas con discapacidad, y que las fachadas y cornisas están en perfecto estado de conservación. La iluminación adecuada en rellanos o la instalación de extintores portátiles también serán obligatorias.

En los casos que indiquen los informes técnicos, las comunidades de vecinos y propietarios deben acometer las reformas o adaptaciones que sean necesarias para poder obtener una certificación favorable. Generalmente, los principales problemas y deficiencias suelen corresponder al estado de las estructuras, fachadas y cubiertas. Las inspecciones las supervisan los ayuntamientos, que remiten posteriormente los datos al Gobierno regional.