La Justicia pone fin al concurso de acreedores de Pescanova un año después

La compañía, en manos de la banca tras recortar la deuda a 1.000 millones, será supervisada por un comité de vigilancia tripartito durante los próximos meses

JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra dio este viernes por finalizado el concurso de acreedores de Pescanova, declarado el 25 de abril de 2013 ante su «estado de insolvencia». La compañía ha logrado ser viable al aceptar la banca acreedora (BBVA, Caixabank, Sabadell, Popular, Bankia y Novagalicia, junto al italiano UBI) una quita del 70% respecto al pasivo de más de 4.200 millones de euros que la primera arrastraba finales de 2013.

Los dos administradores concursales que dirigían el grupo cesan así en sus cargos, si bien uno de ellos podría seguir como número dos. Se trata de Senén Touza, de la consultora y auditora Deloitte, una persona bien valorada por las entidades financieras a raíz de estos meses de gestión en la multinacional y al que se pretende colocar como consejero delegado.

La presidencia recaería, según los últimos movimientos de los bancos, en Jacobo González Robatto, quien en la actualidad preside el consejo asesor internacional del Banco Popular tras haber sido consejero delegado de Barclays. Para ello, no obstante, debería entrar antes en el consejo de administración.

El jueves se produjo la salida del hasta entonces presidente del grupo, Juan Manuel Urgoiti, quien llevaba ocho meses en el cargo. Se marcha tras haberlo hecho también los otrora máximos accionista que le auparon al cargo, el grupo Damm que controla la familia Carceller y el fondo Luxempart, de quienes ya no se fiaban los bancos acreedores al haber roto su pacto previo.

El consejo de Pescanova cuya prioridad es ahora la reestructuración de la mayor parte de las filiales españolas del grupo- queda, de momento, con tan sólo cuatro miembros: Cesar Mata, nombrado también el jueves; el fondo Iberfomento, que demandó a los antiguos socios por estafa y otros delitos; Yago Méndez, hijo del ex director general de Caixa Galicia y que también estuvo en la polémica etapa del anterior presidente Manuel Fernández de Sousa -imputado en la Audiencia Nacional por su gestión irregular-; y Alejandro Legarda, también consejero de Viscofán.

Una transición de "varios meses"

En cualquier caso, el período de transición de la empresa hacia la futura Nueva Pescanova como se la ha denominado en el convenio de acreedores ya ha aprobado- se prolongará aún varios meses más, según reconocen desde la misma. Durante ese tiempo, su marcha estará supervisada por una comisión de vigilancia prevista en ese mismo acuerdo, y de la que formarán parte tanto los principales acreedores como los accionistas actuales la principal es Carolina Masaveu, del conocido grupo industrial asturiano, con el 7,1% del capital- como los hasta ahora administradores concursales.

Pescanova, cuya junta de accionistas se prevé para junio, ha visto reducida a 1.000 millones su deuda con la banca. Esta, a cambio, pasa a ser el accionista mayoritario. Además, tiene previsto hacer una inversión cercana a los 115 millones para sanear la compañía y propiciar también su recuperación comercial, aunque no se espera que retorne a la senda de los beneficios hasta 2017. De hecho, la empresa funciona a día de hoy gracias en buena medida a un crédito de 56 millones, concedido por la Xunta de Galicia y media docena de bancos acreedores en junio de 2013, y parte del cual tuvo que ser renovado hace pocas semanas.

Por su parte, los accionistas minoritarios temen que la compañía llegue finalmente a liquidarse sin haberse resuelto el procedimiento penal abierto contra sus gestores anteriores, encabezados por el citado Fernández de Sousa. Por eso, la Plataforma de Afectados de Pescanova ha pedido a la Audiencia Nacional que paralice el proceso mercantil -en vez de dejar que se cierre, para ellos, "en falso"-, así como fije una fianza «suficiente» a los principales imputados para hacer frente a sus posibles responsabilidades por el presunto fraude. El juez instructor del caso ya les impuso en septiembre, por ese mismo concepto, una cuantía de 1.200 millones de euros.