Dos preguntas sin respuesta en la acogida de menores en la Región de Murcia

Sobre este segundo asunto pueden esperarse novedades este viernes, cuando está convocada una nueva reunión de la Conferencia Sectorial donde los responsables de Infancia de los gobiernos regionales y el Ministerio volverán a sentarse para abordar los términos para la reubicación y el traslado obligatorio de los niños y adolescentes hacinados en Canarias y Ceuta que aprobó en marzo el Consejo de Ministros en forma de real decreto ley. Si la Justicia no lo impide. Porque el rechazo a esta redistribución, que la Comunidad ha mostrado tanto en sus declaraciones públicas como en el propio texto del acuerdo con Vox, también tiene vertiente judicial, y por partida doble: a través del recurso presentado por la Región ante el Tribunal Constitucional, –como han hecho también otras comunidades–, que ya ha sido admitido a trámite, y del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la actuación del Estado por invadir las competencias autonómicas.

Según el Ministerio, la Región de Murcia debería asumir la acogida de 195 menores de los cerca de 4.500 que formarían parte del reparto, aunque queda la duda de lo que ocurrirá con más de mil de ellos, que son solicitantes de asilo y, por tanto, de competencia estatal, como ha señalado el Tribunal Supremo y ha aceptado ya el propio Ejecutivo central, que acaba de llegar a un acuerdo con Canarias para hacerse cargo de ellos. Aunque se desconoce la fórmula que se utilizará, ni si seguirá implicando traslados a distintos territorios, aunque se hiciera cargo de todos los costes el Ministerio.

«No sabemos nada. Siempre hemos insistido en que además de gestionar mal la crisis migratoria, el Gobierno central lo que está haciendo es no contar con las comunidades, no proporcionarles información, no ser transparentes, y mucho menos dar la financiación necesaria», lamentó ayer la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, a preguntas de los periodistas cuando realizaba el balance de atenciones en el centro de crisis para víctimas de violencia sexual La Jacaranda. «A día de hoy, seguimos sin saber si esos mil menores forman parte de la suma total que ellos quieren distribuir o si, por el contrario, van a ir por otra vía de acogida».

Diversas entidades que trabajan con la infancia y el colectivo de personas migrantes han criticado la negativa del Gobierno regional a aceptar el reparto. Recientemente, ocho ONG, entre ellas Amnistía Internacional, reclamaron por carta a Fernando López Miras que asuma la redistribución del real decreto-ley y cumpla la legalidad, mientras que la Comunidad insiste en la imposibilidad de hacerlo ante la falta de plazas en un sistema de protección que cifra al 220% de su capacidad. Y ahí es donde la situación enlaza con la otra gran incógnita que debe despejar el Gobierno regional en esta materia como muy tarde en septiembre: el futuro de los niños y adolescentes del centro de Santa Cruz.

El acuerdo rubricado con Vox establece que la Comunidad debe dar «un nuevo uso sociosanitario» a las instalaciones antes del inicio del nuevo curso escolar, lo que obliga a encontrar una salida inminente a los 60 menores que alberga, justo en mitad de la tormenta por la posible llegada de los procedentes de Canarias y en plena campaña de verano para las pateras, de las que es habitual que desembarquen personas que se identifican posteriormente como menores, pasando a ser su acogida responsabilidad autonómica.

Por el momento, la Administración regional ha evitado dar detalle alguno sobre cómo planea hacerlo, ni qué encaje puede tener el cierre de la instalación de mayor capacidad del sistema de protección regional en el argumento esgrimido ante el Ministerio de que no hay capacidad para acoger a un menor más. Hasta ahora, las únicas declaraciones al respecto se han limitado a señalar que se sigue trabajando para implementar la solución más adecuada.

Ruiz asegura que su departamento sigue en ello con el objetivo de que «todos los menores del sistema de protección y, por supuesto, los del centro de Santa Cruz, que es el centro que tenemos ahora mismo con más plazas, puedan estar en un lugar lo más parecido a un hogar».

Por su parte, la Fundación Antonio Moreno, que ostenta el concierto para la gestión del centro Rosa Peñas, cuya vigencia acaba precisamente en septiembre, también guarda silencio. Lo hace ante los medios, a los que remite directamente a la Consejería, y ante los propios trabajadores, 80 en total, que desconocen a día de hoy si serán reubicados en otros recursos o si están a punto de quedarse sin empleo.

El responsable de los servicios socioeducativos de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de la Región de Murcia, Iván Fueyo, asegura que responsables de la propia Consejería le han reconocido en privado que los cortos plazos establecidos en el acuerdo suponen un verdadero desafío que no estaba inicialmente contemplado y que generó desconcierto en el departamento. Una cosa es avanzar para cambiar el modelo y apostar por centros más pequeños o potenciar el acogimiento familiar, y otra es hacerlo en menos tres meses. «El cierre fue un anuncio político del Gobierno regional para conseguir los Presupuestos, pero el marrón ahora le viene a la Consejería. Lo que está claro es que a esos críos tienen que seguir dándoles atención. Van a tener que cerrar algo que estaba funcionando, que tenían resuelto y que ahora es un buen problema», asegura Fueyo.

Tanto los sindicatos como las ONG subrayan que no critican la apuesta por el nuevo modelo de protección, sino la cesión a las presiones de Vox para prescindir del centro de Santa Cruz de forma brusca y «sin establecer previamente recursos alternativos equivalentes o superiores». Así lo advierte la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia en la Región, Juana Calero, que considera que esta «falta de progresividad puede poner en riesgo los derechos de los niños».

«En vez de cerrar el centro, la Comunidad lo que tiene que hacer es abrir nuevos, porque estos niños tienen unos derechos y hay que respetarlos. Para eso hemos firmado los tratados internacionales», advierte.