La Delegación repartirá hoy a 130 argelinos por varios lugares y cerrará Escombreras

El delegado del Gobierno, José Vélez, lleva sudando la gota gorda desde el martes y el aumento de las temperaturas en este final de julio no es el principal motivo. Los sofocones vienen dados por las dificultades que está teniendo para encontrar lugares a los que trasladar a los 230 inmigrantes irregulares argelinos que deben guardar cuarentena sanitaria al menos hasta el viernes de la semana próxima. Todos ellos mantuvieron estrechos contactos con 34 enfermos de Covid-19 con los que compartieron patera hace siete días en su viaje a España.

Pese a la mala relación que Vélez mantiene con su excompañera del PSOE y alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, es el Ayuntamiento de esta ciudad el único que por ahora le ha lanzado un salvavidas, con la Comunidad Autónoma como mediadora. Anoche, un centenar de argelinos fueron trasladados desde el campamento de Cruz Roja en el puerto de Escombreras hasta el pabellón polideportivo del polígono industrial Cabezo Beaza.

La propia organización humanitaria, empleados de varias concejalías cartageneras y técnicos de la Consejería de Salud equiparon el recinto con colchones hinchables, aseos de refuerzo, mesas, sillas y vallas. Un equipo de herreros también instaló apresuradamente rejas metálicas en unas ventanas del edificio y estaba prevista la instalación de aparatos de climatización. La Policía Nacional y la Guardia Civil vigilan que nadie de los aislados rompa la cuarentena.

Resuelta una parte del problema, al delegado del Gobierno aún le queda para hoy la complicada tarea de buscar alojamientos al grupo más numeroso. En contra de Vélez ha jugado el tiempo perdido el domingo y el lunes, cuando estaba vigente una instrucción de la Secretaría de Estado de Migraciones para que fuera la Comunidad Autónoma la encargada en exclusiva del alojamiento y la atención a los inmigrantes en cuarentena. El escenario cambió radicalmente el martes con una orden del director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, dejando el asunto de nuevo en manos de la Delegación. Esa decisión se vio reafirmada por un posterior fallo judicial que, mediante el rechazo a la suspensión de la orden pedida por la Abogacía del Estado, obligó de nuevo a la Administración central a hacerse cargo de los inmigrantes que había que aislar.

Desde entonces, Vélez ha tocado numerosas puertas, muchas de ellas en municipios socialistas, buscando la cesión de polideportivos y otros recintos donde alojar pequeños grupos. Pero está encontrando muchas reticencias, máxime después de la fuga protagonizada por un centenar de ellos el martes por la noche. Aprovechando un cambio de tiendas posterior al reparto de la cena, protagonizaron una desbandada organizada que sorprendió a policías y personal de Cruz Roja. La mayoría de los fugados fueron localizados durante la madrugada dentro del recinto. Estaban escondidos detrás de grúas, tolvas y contenedores. Pero una treintena logró saltar las vallas del puerto y escapar al exterior. Hacia tierra, la zona está repleta de tuberías y depósitos de carburantes. La población más cercana es Alumbres, a seis kilómetros. Cartagena queda a siete. Veinticuatro horas después del incidente, quedaban por localizar once argelinos.

En la Delegación confiaban anoche en obtener respuestas positivas esta mañana de los ayuntamientos consultados y realizar traslados a lo largo de este jueves. Vélez quiere tener cerrado el campamento de Escombreras a medianoche, renunciando al último día del permiso de ocupación de espacios concedido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.

El delegado habló de ofrecimientos de los ayuntamientos de Águilas, La Unión y Mazarrón, los tres gobernados por alcaldes socialistas. Aseguró que trabajaban con «lealtad» para buscar «las mejores soluciones» a un «problema muy importante». No concretó nada más.

En ese complicado escenario de negociaciones, la Comunidad está jugando un papel destacado para encontrar soluciones al problema. Anoche, el consejero de Salud, Manuel Villegas, anunció que también tienen preparada para alojamientos de cuarentena la residencia de la UPCT de la calle Caballero, en Cartagena.

En una rueda de prensa, ayer en Murcia, el delegado se mostró crítico con quienes aseguran que no ha habido colaboración entre administraciones tras la llegada de más de 550 inmigrantes irregulares el fin de semana. Sin embargo, acusó al PP y a sus diferentes socios, sin citarlos, de mantener una «estrategia política» y de «sacar la calculadora» electoral con este problema humano.

Tras referirse primero a la buena colaboración entre administraciones y asegurar que «la comunicación ha sido fluida» desde el sábado, desmintió a quienes le acusan de lo contrario. Castejón y su vicealcaldesa, Noelia Arroyo, son quienes más se lo han reprochado y han pedido su dimisión. Aunque también son las primeras en darle una solución a su quebradero de cabeza.