El Defensor del Pueblo señala a la Comunidad como «administración entorpecedora» de su labor en 2019

El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019, situó a los gobiernos autonómicos de la Región de Murcia, Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, y Melilla como «administraciones entorpecedoras» de su labor en 2019. En total, 117 entidades generales, autonómicas y locales no han contestado a esta institución tras el tercer requerimiento de información. Este informe, presentado este miércoles en el Congreso, detalla que diversos organismos de los gobiernos regionales de las autonomías anteriormente citadas se han demorado en contestar al Defensor del Pueblo durante 2019.

En concreto, estos organismos son la Consejería de Agua de Murcia, la Dirección General de Comercio de Murcia, la Dirección General de Energía de Murcia, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, la Consejería de Derechos Sociales de Canarias, la Consejería de Hacienda de Melilla, y la Consejería de Política Social de la Xunta de Galicia.

Por este motivo, la institución las enmarca dentro de las administraciones entorpecedoras habida cuenta de que no han dado «adecuada respuesta» a los requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo. No obstante, desde este organismo explican que las características de cada administración son distintas, tanto por la repercusión del incumplimiento, como por la insistencia en el mismo o por los recursos disponibles por parte de las propias entidades.

Según este informe, tres entidades generales del Estado están consideradas por el Defensor del Pueblo como administraciones entorpecedoras de su labor el pasado año. Se tratan de la Secretaría de Estado de Cultura, la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de Tráfico. En concreto, a la Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte se le requirió por la conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural, mientras que a las entidades dependientes de Interior fue por cuestiones generales y por el procedimiento sancionador.

También otras dos entidades públicas no dieron «adecuada respuesta» al Defensor del pueblo. Son la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por su funcionamiento de los órganos de gobierno y el Sindicato de Riegos Veguellina de Orbigo, en León, por las aguas superficiales.

En el caso de las entidades locales, cerca de 100 ayuntamientos son considerados por este organismo como administraciones entorpecedoras durante el año pasado. Estos municipios están en las provincias de La Coruña (3), Albacete (2), Alicante (2), Asturias (4), Badajoz (2), Baleares (5), Burgos (2), Cáceres (2), Cádiz (2), Cantabria (3), Ciudad Real (1), Córdoba (1), Cuenca (1), Gerona (1), Granada, (2), Guadalajara (5), Huelva (1), Jaén (1), La Rioja (2), Las Palmas (4), León (4), Madrid (9), Málaga (1), Región Murcia (12), Palencia (1), Pontevedra (1), Segovia (1), Sevilla (7), Soria (1), Tarragona (3), Tenerife (4), Teruel (1) y Toledo (8).

Sobre estas entidades, el Defensor del Pueblo entiende las «carencias» y la falta de medios materiales y humanos que les puede plantear la información requerida, si bien recuerdan que esto no les «exime» de la obligación de contestar a esta institución.