La cuenta atrás para la eutanasia en la Región de Murcia

La ley, aprobada a finales de marzo, establece un plazo de tres meses para que las comunidades pongan en marcha todo el engranaje. Para la Consejería, este periodo es excesivamente corto, y así lo cree también el Consejo Asesor de Ética Asistencial de la Región. «El plazo de implementación parece tan irrealizable, en sí mismo, como, aún más, poco deseable, por coincidir en un contexto de pandemia en el que se ha alterado y dificultado, de manera trágica, el acompañamiento al final de la vida», señala este órgano consultivo en una nota reciente.

Los expertos del consejo asesor muestran su «profunda preocupación», y advierten de que otros países que también han regulado la eutanasia, como Nueva Zelanda, establecieron plazos de implementación de «entre 12 y 18 meses». El dictamen recuerda que no solo se trata de crear la comisión de garantía y evaluación, sino que es necesario abordar múltiples aspectos, desde «elaborar los documentos de consentimiento informado» a determinar los procedimientos para recurrir.

«Crear una comisión de este tipo, los modelos de documentación, la regulación, todo esto en un plazo de tres meses. ¿Por qué tanta urgencia?», se pregunta el profesor de Derecho José Ramón Salcedo, fundador del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (CEBES) de la UMU y miembro del Consejo Asesor de Ética Asistencial. «Las cosas hay que hacerlas bien y más en una asunto tan trascendente, pero así se transmite una sensación de improvisación. Es cierto que hay gente que está en condiciones muy extremas y, para ellos, la entrada en vigor de la ley es un alivio, pero si queremos desarrollar una norma con todas las garantías debemos ser muy cuidadosos», reflexiona.

Sin embargo, a las organizaciones que defienden el derecho a la muerte digna les preocupa que estos argumentos sean utilizados por el Gobierno regional para retrasar la aplicación de la ley por motivos ideológicos. «La norma es muy garantista y lleva mucho tiempo discutiéndose en el Congreso, han tenido tiempo y podrían haber ido preparando muchas cosas. No cumplir con los plazos sería ponerse de espaldas a la realidad y no respetar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos», advierte Teresa Martín, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad.

Más allá de los plazos, la regulación autonómica puede convertirse en el próximo caballo de batalla entre defensores y detractores de la eutanasia, porque la ley deja en manos de los Ejecutivos regionales la composición de la Comisión de Garantía y Evaluación, clave a la hora de aceptar y rechazar las solicitudes. «En Murcia, y con el nuevo Gobierno que ahora se ha formalizado, el riesgo de sesgo ideológico está ahí. Estaremos vigilantes y creemos que nuestra asociación debe estar presente en esa comisión, que debe ser neutral y respetar la ley», señala Teresa Martín.

El exdirector del CEBES, José Ramón Salcedo, coincide en el riesgo de «sesgos» en la reglamentación y composición de las comisiones. «No entiendo muy bien por qué tiene que haber 17. Hay una posibilidad real de que no sea lo mismo morir en Murcia que en Madrid, en función de cómo se regule ese órgano», advierte. No obstante, este experto matiza que la ley «es muy garantista» a la hora de definir los supuestos en los que se podrá aplicar la eutanasia, por lo que el margen a la interpretación es limitado. «A veces hay alarma por falta de información, pero hablamos de situaciones muy claras: enfermedad grave incurable, con grandes sufrimientos físicos o psíquicos, con pronóstico de vida limitado. No se trata de llevar a la muerte a nadie; la muerte la tiene asegurada», reflexiona Salcedo. El otro supuesto es el de «un padecimiento grave, crónico e imposibilitante», donde también «tienen que coincidir» diversos aspectos. A ello se suma una tramitación de las solicitudes con la participación de varios médicos y la comisión de evaluación.

Gumersindo González, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos, cree que tanto esta institución como las sociedades científicas deben tener un papel relevante en la formación de esta comisión. No obstante, González aborda la eutanasia desde una oposición frontal. «La posición de la Comisión Deontológica es contraria a la ley tal y como se ha establecido, así como a su urgencia», subraya. El Colegio rechaza la forma en que el Gobierno central quiere regular la objeción de conciencia de los profesionales, mediante un registro. Para la institución, esto vulnera el derecho a no declarar sobre ideología o creencias.