Croem y sindicatos no le ven utilidad al incentivo para retrasar la jubilación

Dudan de su efectividad. Los primeros análisis de la patronal y los sindicatos en la Región sobre la propuesta lanzada esta semana en el Congreso por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, consistente en retrasar la edad de jubilación de los trabajadores -mediante incentivos que podrían llegar a los 13.000 euros anuales-, evidencian las dificultades que tendría su desarrollo en territorio murciano ante el predominio de sectores que conllevan un mayor desgaste físico.

El mayor esfuerzo que requieren actividades como agricultura, industria alimentaria y construcción -con un gran peso-, se convierten en un lastre a la hora de acogerse el plan del Gobierno para tratar de alargar la vida laboral y demorar el pase a la inactividad. Todo con el fin de garantizar que el poder adquisitivo de las pensiones se actualice de modo estable.

Para el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), José María Albarracín, «hay mucha gente que, por desarrollar algunos tipos de trabajo especialmente duros, cuando llegan a los 65 o 66 años consideran justamente que ha llegado el momento de su jubilación, de ahí que en algunos de nuestros sectores esta propuesta sería difícil de aplicar». Además, «en esta era de la digitalización, a muchas personas por su edad puede costarles adaptarse a las nuevas circunstancias».

Con todo, Albarracín aclara que «lo primero que debe hacer el ministro es poner el tema en la Mesa del Diálogo Social y hablarlo con empresarios y sindicatos, porque ante una crisis como la de la pandemia hay que caminar juntos e ir de la mano». Por ello, entiende que «el anuncio realizado es algo que hay que madurar y estudiar, ya que puede tener aspectos positivos, pero otros no tanto». En su opinión, «si el Gobierno quiere una jubilación a los 68 años tiene que decirlo, pero sin maquillarlo».

El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, sostiene que «el planteamiento tiene algunos aspectos que pueden ser negativos»; en concreto, «nos preocupa mucho que, de alguna manera, puedan castigarse las jubilaciones anticipadas con una penalización mayor que la actual, así como que habría que buscar una solución para que el retraso en las jubilaciones tengan algún tipo de incentivo, pero que no sea de una manera obligatoria sino voluntaria».

Asimismo, insiste Navarro en que «entendemos aquí, en la Región, que el retraso de la jubilación puede ser muy negativo en sectores de producción muy manufactureros y que requieren un gran esfuerzo en su desarrollo diario, como puede ser el agroalimentario, la hostelería, la construcción y todo lo relacionado con la limpieza y servicios en general, por lo que entendemos que debe ser estudiado en el mejor de los casos para que no afecte o, por lo menos, se tengan en cuenta aquellas actividad es que requieren un mayor esfuerzo físico; y los horarios de trabajo pueden ser tenidos en cuenta».

Desde UGT, el secretario de Política Social, Juan Guirado, subraya que «la jubilación demorada y el endurecimiento de las penalizaciones a la jubilación anticipada, puestas en marcha a la vez, tendrían el efecto de quitar a los que menos tienen para dárselo a los que más tienen». Y es que se «premiaría a quienes por las características de su trabajo y su estado físico pueden seguir trabajando más allá de la edad legal».