La crisis del transporte escolar en la Región se alarga y agota la paciencia de las familias

Afrontar el contratiempo es un problema para todos los padres afectados, pero la situación se complica para los alumnos con necesidades especiales, que en muchos casos tienen dificultades de movilidad. Las familias de los más de setenta alumnos del Colegio Público de Educación Especial Enrique Viviente de La Unión llevan ya cuatro días de esfuerzos para acercar a sus hijos hasta el centro, que atiende a alumnos de La Manga, Los Belones, Cartagena... «No podemos seguir así; muchos padres han tenido que pedir adaptaciones en sus horarios de trabajo, pero la paciencia de la gente se agota», denuncia Patricia Valero, madre de un alumno, quien ha tenido que solicitar permiso en su trabajo para poder llevar estos días a su hijo hasta el colegio.

Al tratarse de transporte adaptado, las familias ni siquiera pueden organizarse en turnos para acercar a los estudiantes. «No caben dos sillas de ruedas, elevadores... Además los chicos se ponen nerviosos, se bloquean, y no quieren ir. Para ellos la rutina del autobús es importante», explica. Precisamente, asegura Valero, la necesidad de que sean autobuses especiales está complicando más la contratación de las rutas por parte de la Consejería de Educación. Las familias, como han hecho también en otros municipios, han pedido la mediación del Ayuntamiento de La Unión, y tienen previsto dirigirse también al de Cartagena.

La situación de las familias del Enrique Viviente es especialmente complicada, pero también la de centenares de estudiantes que residen en zonas rurales y cuyos padres trabajan en el campo muy temprano, que apenas tienen opciones para asistir a clase sin la ruta de transporte escolar. Es el caso de algunos alumnos del instituto comarcal Ribera de los Molinos de Mula, donde estudian alumnos de Campos del Río y Albudeite y de las pedanías del municipio de Mula (Yéchar, La Puebla, Los Baños, Fuente Librilla y Casas Nuevas), y de otros centros del campo de Cartagena.

Las federaciones de asociaciones de padres, de vecinos y de estudiantes se sumaron ayer a la indignación por la falta de transporte escolar para 6.000 de los 20.000 alumnos que necesitan ese servicio a diario para poder asistir a clase porque residen lejos del centro educativo. «Es intolerable e inaceptable la falta de respeto las familias, pero principalmente a los menores», denunció la presidenta de la FAPA, Marisa Maldonado.

La Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (Femae) lamentó también «la falta de organización y previsión por parte de la Consejería, que ha imposibilitado el comienzo de curso para algunos estudiantes. La falta de transporte dificulta en muchos casos la asistencia a los centros de educación regionales, un derecho fundamental de todo el estudiantado y, además, la conciliación familiar». También la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca ha denunciado el doble problema que acarrea la falta de servicio: para los estudiantes, que no pueden ir a clase; y para sus familias, con dificultades para conciliar. «Cuando matricularon a sus hijos, lo hicieron con la condición de que existía transporte, y se encuentran sin previo aviso con que miles de alumnos no tienen cómo acudir a clase», lamenta la federación.

A las quejas se han sumado partidos como Podemos, que exigió a la Consejería de Educación que «garantice el transporte escolar a través de una orden de ejecución forzosa», una medida que, asegura la formación morada, ha adoptado el Gobierno vasco. La diputada regional del PSOE María Dolores Martínez Pay también ha denunciado la «falta de previsión y el descontrol».

El conflicto entre la Consejería de Educación y las empresas de transporte escolar sigue entre tanto atascado, aunque la Administración incide en que está trabajando para recuperar el servicio cuanto antes. Hasta la fecha, ha adjudicado el 63% de las rutas, y sigue negociando con las compañías para alcanzar una solución. Un grupo de transportistas asociados a la patronal Direbús tenía prevista anoche un reunión para valorar las últimas ofertas. El principal punto de fricción es la negativa de las empresas a aceptar los precios fijados en el último acuerdo marco que regula los contratos, que Educación asegura no poder modificar hasta 2024. Hace dos años, el curso arrancó también sin transporte y con quejas.

Entre tanto, varios ayuntamientos se han ofrecido a mediar en el conflicto. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Molina de Segura, Isabel Gadea, anunció que presentará una moción pidiendo a los gobiernos regional y municipal que «actúen contra el caos» por la falta de transporte. El alcalde de Albudeite, Jesús García, aseguró que intercederá entre la empresa de transporte escolar y la Consejería de Educación para que den solución a la falta de rutas de los alumnos al instituto de Mula.