Pescadores faenan en aguas del Mar Menor, junto a La Manga, en una imagen de archivo. Martínez Bueso

El Consejo de Estado cuestiona el papel de 3 universidades en la ILP del Mar Menor

Lunes, 29 de enero 2024, 00:22

El Consejo de Estado ha recomendado al Ministerio para la Transición Ecológica que cambie el proyecto de reglamento de la ley de personalidad jurídica del Mar Menor ... para que «se ajuste el número de científicos y expertos independientes que formarán parte del Comité Científico», para que coincida con el de las cinco entidades con capacidad de propuesta: Universidad de Murcia (UMU), Universidad de Alicante (UA), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Sociedad Ibérica de Ecología (SEO).

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Si el Ministerio atiende la sugerencia (la ministra Teresa Ribera prevé llevar el reglamento al Consejo de Ministros mañana), quedarían fuera del Consejo Científico la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Estas tres entidades no fueron «contemplada por el legislador», es decir, por el Congreso de los Diputados y el Senado, en el artículo 3.4 de la ley, vigente desde octubre de 2022, avisa el Consejo. Y ve «necesario» un ajuste. Lo expone en un dictamen sobre el reglamento preceptivo pero no vinculante. Con carácter general, el informe, desvelado por LA VERDAD, recomienda que se cambie la ley antes de autorizar el reglamento, para definir bien «qué clase de persona jurídica es» la laguna y su cuenca. La ley tuvo su origen en una iniciativa legislativa popular (ILP), con 640.000 firmas,

El Consejo de Estado llama a cambiar la propuesta de reglamento, «sin perjuicio de la posibilidad de promover una reforma legislativa que permita dar cabida» a las citadas tres universidades «en el sistema de designación del Comité Científico», integrado en la Tutoría del Mar Menor.

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Argumenta que de la redacción de la ley «se infiere que la voluntad del legislador era que la lista de universidades y centros de investigación» proponentes «fuese 'numerus clausus'». Por ello, «su ampliación a nivel reglamentario contravendría la ley». Añade que las Cortes podrían «haber aludido genéricamente a las universidades y centros de investigación con presencia en la Región de Murcia» o a expresiones como «entre otras».

Alegaciones de Aragón

Según el dictamen, la Comunidad Autónoma y asociaciones de vecinos pidieron «que se ampliasen las universidades entre las que podrían seleccionarse los miembros». El Gobierno de Aragón planteó «que no se aludiese a universidades no contempladas en la ley». Y el Ministerio de Presidencia instó a «excluir toda referencia a universidades no contempladas en la ley».

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