La concertada en la Región arremete contra la 'ley Celaá' por «totalitaria»

La reforma de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) «es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática». Así comienza el manifiesto publicado este miércoles por la Plataforma Concertada bajo el lema 'Más plurales, más libres, más iguales', que ha iniciado una campaña para hacer frente a la llamada 'ley Celaá'.

La plataforma, de ámbito nacional y regional e integrada por asociaciones de padres, profesores y centros de titularidad concertada y privada, llama a lucir lazos naranjas, a concentrarse ante colegios y no descartan manifestaciones en coche ante una normativa que pretende «quitar de en medio la libertad de enseñanza», resume la hermana Alicia Plaza, presidenta de Escuelas Católicas en la Región, una de las organizaciones que conforman la recién creada plataforma. «La ley es totalitaria, no tiene nada que ver con la democracia ni con la Constitución», explica Plaza.

Según el manifiesto, la ley «conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos». También «permite la normativa que prepara el Ministerio de Educación, a juicio de la plataforma, «distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se inventa un derecho a la educación pública –cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación–; la enfrenta al modelo de educación concertada rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos. Además, según la hermana Alicia Plaza, las evaluaciones que propone la ley son «un poco 'light'», lo que le hace preguntarse «qué médicos y qué abogados vamos a tener dentro de diez años».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada (CECE) de la Región de Murcia, José Francisco Parra, lamenta que la 'ley Celaá' «viene a recortar un derecho fundamental como es el de los padres a elegir el colegio de sus hijos, y lo deja todo en manos de la planificación de las administraciones sin tener en cuenta la demanda de los padres». También lamenta Parra que «no hay la mínima intención de lograr una ley educativa con consenso para que perdure en el tiempo y que pueda ser un referente».

Tambien se muestra crítico con la normativa que prepara el Ministerio de Educación el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa), el oftalmólogo murciano Alberto González Costea, quien cree que la ley «conculca el libre derecho de elección de centro de los padres, y hace que la educación sea controlada y dirigida por el Estado, lo que nos parece poco democrárico». Según el presidente de Concapa, el Gobierno quiere «acorralar a la concertada» que, según el manifiesto, «posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo».

Según indica también el documento presentado este miércoles, «la sociedad española es diversa y democrática. Fundamenta su convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser una escuela también plural, gratuita y universal. Esto solo es posible si hay una diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y autonomía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en práctica».

También explica el manifiesto que «a través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada».