Comunidad y ganaderos buscan el encaje legal de las granjas sin licencia municipal

A la cita asistieron las principales organizaciones del sector, como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam). Por parte de la Comunidad, quienes se encargarán de lograr un acuerdo serán los departamentos de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El objetivo común es, apuntan asistentes a la reunión, alcanzar una compatibilidad urbanística entre estas granjas y el avance de la trama urbana. Se busca, ante todo, seguridad jurídica frente a posibles multas. Los ganaderos entienden que, al igual que se ha permitido la construcción de segundas residencias en terrenos rurales donde dominaba la actividad ganadera, piden que el sector no se quede al margen de la ordenación del territorio.

Entre las ideas encima de la mesa, estaría la de establecer una normativa regional o nuevas directrices sectoriales que permitieran a los ganaderos actualizar o adquirir las licencias de actividad, esas que ahora les deniegan los ayuntamientos. Para otros casos, podría existir la posibilidad de buscar parcelas para el traslado de la explotación.

La reunión sirvió también para tratar el atasco de expedientes ambientales que se acumulan durante años sin que los promotores sepan si sus planes seguirán para adelante. Los representantes de las tres consejerías subrayaron que este embotellamiento no puede continuar, pero también advirtieron que habrá casos donde no se puedan dar las autorizaciones requeridas. En lo referente al Mar Menor, aunque no hubo una mención expresa, los ganaderos entienden que la Consejería de Medio Ambiente continuará con el criterio del Ministerio para la Transición Ecológica de no permitir ampliaciones ni de granjas ni de cabezas de ganado en la cuenca vertiente.

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, remarcó que la Comunidad debe dar «una pronta respuesta al sector para que puedan desarrollar su actividad en base a la normativa actual, así como adaptarse a las nuevas exigencias que vienen, tanto de la Unión Europea como de las regulaciones nacionales». Queda pendiente de elaborar un nuevo Plan de Ordenación Territorial de la Actividad Porcina. La Comunidad se compromete a impulsar medidas que agilicen «la burocracia y la tramitación administrativa que garanticen una pronta respuesta y una mayor seguridad jurídica».