La Comunidad disuelve el Consorcio Marina de Cope casi veinte años después

La Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de Lorca y Águilas disolvieron el pasado jueves el Consorcio Marina de Cope, diecinueve años después de su creación. Este órgano, aunque ya inoperativo, era el último recuerdo del megaproyecto urbanístico proyectado en el Parque Regional de Cabo Cope y Calnegre. El Gobierno regional, a través del consejero Marcos Ortuño y tres directores generales, además de representantes de ambos consistorios, acordaron esta medida, que estaba prevista desde hace tiempo pero aún no había sido ejecutada.

En la última sesión, los representantes públicos dieron cuenta del patrimonio del Consorcio, que cuenta con 25.852,65 euros en su cuenta bancaria, a pesar de que este órgano venía funcionando desde hacía años con una aportación simbólica de 500 euros. El saldo total será liquidado entre la Comunidad, que se quedará con el 50%, y ambos ayuntamientos: Águilas recibirá el 30% y Lorca el 20% restante, según se desprende del acuerdo.

«Se acuerda por unanimidad la disolución del Consorcio Marina de Cope al amparo de lo dispuesto en los artículos 31 y 9 de los estatutos y se hace constar que este acuerdo debe ser sometido a la aprobación definitiva de cada una de las administraciones consorciadas», se desprende del acta de la reunión celebrada esta semana. Fuentes de la Comunidad explicaron a este diario que «la disolución del Consorcio no se ha llevado a cabo antes estrictamente por trámites administrativos y burocráticos».

El proyecto Marina de Cope preveía la urbanización de 21 millones de metros cuadrados con unos 20 hoteles y 9.000 viviendas, así como cinco campos de golf, diez campos de fútbol, una marina interior de 2.000 puntos de amarre y un centro de congresos. El terreno donde se proyectaba construir fue declarado protegido en 1992. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico llevó a cabo una modificación en la Ley de Suelo para hacer que la zona fuera urbanizable en 2001. Los terrenos recibieron tres años después la catalogación de Actuación de Interés Regional, con el fin de acelerar los trámites y procesos urbanísticos.

Pero fue en 2012 cuando el Tribunal Constitucional paralizó el megaproyecto al dar la razón al recurso que presentaron diversas organizaciones ecologistas y el PSOE contra la Ley Regional del Suelo. El alto tribunal declaró nula e insconstitucional la disposición adicional octava de la norma, que decía que la superficie de los espacios naturales protegidos se ajustaría exclusivamente a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

Aunque el tribunal frenó cualquier tipo de edificación en la zona hace ya diez años, algunos inversores intentaron reclamar para que sus iniciativas salieran adelante, pero no fue posible después del duro varapalo judicial. Ahora, con la disolución del Consorcio Marina de Cope, se olvida para siempre un megaproyecto que fue considerado como un ataque contra la protección de los espacios naturales desde la propia Administración.

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