La Comunidad buscará con las empresas cómo reducir trámites

El Ejecutivo regional y la patronal acordaron este lunes la creación de un 'laboratorio de innovación' con el que identificar las cargas administrativas a las que se ven sometidas las empresas para su supresión con el fin, según informó la Comunidad, de «favorecer la actividad empresarial». Para lograr este objetivo se especificarán en primer lugar qué funciones de la administración electrónica vinculadas a gestiones con empresas permitirían una simplificación.

La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, firmó con el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), José María Albarracín, un convenio que incluye el estudio de las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que habrían de aplicarse para flexibilizar la estructura de la Administración pública y superar las dificultades que pueden encontrar las empresas para relacionarse con ella.

Ballesteros explicó que el Gobierno regional realizará junto a Croem y sus organizaciones territoriales y sectoriales una estimación del ahorro que generaría la supresión de cada uno de los trámites que durante el análisis de los procesos en la relación entre la Administración regional y las empresas se identifiquen como más redundantes o innecesarios para el tejido productivo regional. Estas estimaciones se acompañarán de propuestas para hacerlos más ágiles.

El acuerdo recoge que Croem elaborará una relación de documentos que las empresas presentan en más de una ocasión ante la Administración, indicando los diferentes procedimientos administrativos afectados.

Otra de las medidas que recoge el convenio es la celebración de jornadas y foros de discusión con empresarios, con el objetivo de que puedan manifestar directamente cuáles son las trabas más importantes que afectan a las empresas.

El 'laboratorio de innovación' para la reducción de cargas administrativas en el tejido empresarial es una de las medidas contempladas en la línea de modernización y simplificación administrativa de la Estrategia Regional de Gobernanza Pública, aprobada el pasado 30 de julio en Consejo de Gobierno, cuya finalidad es definir las líneas y objetivos fundamentales que en materia de gobernanza pública va a impulsar y poner en marcha la Administración regional.