Toque de atención de los funcionarios por la investigación del Ayuntamiento de Murcia sobre la licencia de Teatre

Se podría deducir del literal de esta comunicación oficial que se trata de un toque de atención a La Glorieta, y que este órgano de representación laboral no está recibiendo la información esperada en relación a los procedimientos abiertos por el equipo de gobierno para esclarecer lo ocurrido respecto a la orden de precinto de los establecimientos siniestrados que no se ejecutó. Según ha podido saber LA VERDAD, se encontraría en marcha un procedimiento de 'información reservada', mediante el que se debe concluir si existen indicios o no de una mala praxis por parte de los funcionarios de la Concejalía de Planificación Urbanística que participaron en el mencionado expediente.

En el caso de que este concluyera resolviendo la existencia de dichos servicios, se debería poner en marcha un posible expediente disciplinario, en el cual no solo tiene cabida la delimitación de responsabilidades administrativas, sino que también puede conllevar la adopción de medidas cautelares respecto a dichos trabajadores públicos. En principio, la decisión de apartar a los funcionarios implicados no se habría adoptado mediante estas medidas cautelares, sino con una providencia del concejal responsable, que permite destinar temporalmente a este personal a otras funciones distintas de las que desarrollaban, pero sin proceder a ningún tipo de suspensión de empleo o sueldo.

Esta actuación no gozaría, por tanto, del carácter garantista que conlleva un procedimiento disciplinario y que implica el respeto de unos plazos y de trámites, como los de audiencia. No hay que olvidar, sin embargo, que la existencia de un procedimiento penal, como el que instruye el juzgado número 3 de Murcia -actualmente bajo secreto de sumario-, conlleva la suspensión de todo procedimiento disciplinario hasta que se produzca la resolución de esta causa. Sería con la sentencia cuando la Administración podría retomar la búsqueda y sanción de responsabilidades administrativas, de existir, si no hubieran quedado sancionadas en las penales.

La resolución de la Junta de Personal defiende que en ese órgano «conocemos y confiamos en la profesionalidad de los empleados/as públicos con carácter general, con independencia de los efectos que se puedan derivar de los procesos judiciales y administrativos que se estén llevando a cabo, confiando en la acción de la justicia, en el respeto del secreto de sumario, de la defensa de los derechos de los trabajadores y de la presunción de inocencia». Asimismo, aprovecha para «manifestar nuestro más sentido pésame y mostrar nuestras condolencias, apoyo y solidaridad con las familias y amigos de las víctimas de este triste suceso».