Cs exige a su socio de gobierno en Murcia que entregue información a los concejales

El primer teniente de alcalde, edil de Fomento y portavoz municipal de Cs, Mario Gómez, aprovechó una moción del PSOE durante el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para volver reprochar a su socio de Gobierno los problemas que encuentran a la hora de obtener la información solicitada a los ediles del PP. «Sabemos bien lo que es que te den largas y pongan pegas», remarcó Gómez, que lamentó incumplimientos reiterados de la Ley de Bases de Régimen Local que establece un plazo de cinco días para remitir a los miembros de la Corporación local la información y antecedentes solicitados o rechazar la entrega de forma motivada.

Por ello y siguiendo el espíritu de la moción del PSOE, Cs presentó una propuesta alternativa que salió adelante por unanimidad -también con los votos populares-, que pide al Gobierno municipal que «garantice el derecho de todos los concejales a la información para que estos puedan cumplir con su deber y obligación de fiscalización». Asimismo, reclama al Ejecutivo local que se comprometa a poner a disposición del peticionario en el plazo de un mes dicha información cuando esta no se ha facilitado a los 5 días sin justificar dicho extremo.

También se pide elaborar un Reglamento de Protocolo que regule las comunicaciones, acceso a la información y coordinación de la Corporación para garantizar la adecuada labor y que una mesa de trabajo reforme el reglamento orgánico del Pleno para que exista obligación de responder las preguntas planteadas en él. También se pide que se invite a los portavoces de los grupos para que puedan asistir a la Juntas de Gobierno.

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó este jueves por unanimidad dos mociones para reclamar cantidades adeudadas y una financiación adecuada tanto al Ministerio de Hacienda como a la Comunidad. La primera insta al Gobierno de España a que haga efectivo el pago de los 753,3 millones de euros en que se cuantifica el perjuicio causado por el desplazamiento de ingresos del IVA del mes de diciembre de 2017, para el conjunto de las Entidades Locales Española y que en el caso concreto del municipio de Murcia asciende a 2.100.000 euros. No obstante, la moción inicial del PP fue sustituida por una alternativa del PSOE que remarca que esta situación fue generada por una decisión del Gobierno popular y del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La segunda moción, que parte del Grupo Municipal Socialista, pide instar al Gobierno de la Comunidad a negociar con la Federación de Municipios de la Región la correcta delegación y deslinde de la competencias que establece la ley 7/2013, consideradas como competencias impropias, para fijar su necesaria financiación. Asimismo, se apuesta por exigir al Gobierno central que revise la participación del municipio en los ingresos en el Fondo Complementario de Finaciación y Participación, del que Murcia recibe, según el edil Martínez-Oliva, apenas 226 euros por habitante, siendo el municipio número 51 por cuantía obtenida, pese a ser el séptimo municipio de España en población. «Se recibe dos veces menos por habitante que Barcelona y la mitad que ciudades como Málaga o Zaragoza. Si nos aplicara el criterio de estas últimas, obtendríamos 90 millones más», zanjó.

El Ayuntamiento de Murcia ha pedido la modificación de la ley regional del juego y se ha comprometido a modificar sus ordenanzas de publicidad y su plan general de urbanismo para establecer mayores restricciones a los locales y casas de apuestas, así como elaborar un plan de prevención de la ludopatía para jóvenes, entre otras medidas, tal y como adelantó este jueves LA VERDAD.

Los cinco grupos municipales (PP, Ciudadanos, PSOE, Vox y Podemos) sacaron adelante una moción conjunta en la que han puesto de manifiesto el problema creciente de los juegos de azar, que generan problemas de adicciones cada vez en una población más joven, un hecho que afecta especialmente al municipio, que es uno de los que más casas de juegos tiene de toda España.

La moción aprobada consta de una veintena de acuerdos con solicitudes al Gobierno central, al regional y otras de competencia propia del Ayuntamiento. Entre estas últimas, se incluye un refuerzo en la formación a la Policía Local en cuanto a las infracciones de las casas de juego por permitir acceso a menores, así como la elaboración y puesta en marcha de un plan de prevención de la ludopatía juvenil orientado tanto a los adolescentes y jóvenes como a sus padres.

También se ha pedido la inclusión de programas de prevención de la adicción al juego en la guía de programas de promoción de la salud, que los centros municipales inhiban la conexión a páginas de juego online, y que se estreche la colaboración con asociaciones de atención a las ludopatías.

Los grupos pidieron también que el Ayuntamiento modifique el plan general de ordenación urbana estableciendo un uso específico para las casas de apuestas (ahora se incluye en la ordenación de espectáculos y ocio) y limitando las distancias mínimas entre locales de ese tipo con centros educativos o sanitarios.

Se comprometieron también a modificar la ordenanza municipal de publicidad exterior para prohibir los anuncios de estos locales y estudiar la posibilidad de obligarles a abrir ventanas al exterior para evitar el actual aislamiento de quienes están en su interior.

Asimismo, piden al Ayuntamiento que no firme convenios con entidades y clubes deportivos patrocinados por casas de apuestas y que no permita la instalación de esos locales en ningún edificio de su titularidad.

La moción pide además al Gobierno central que aumente las restricciones a la publicidad de estos negocios, refuerce los controles policiales en los salones de juegos. Al Ejecutivo regional le han exigido que incluya la ludopatía en el conjunto del plan autonómico sobre drogas y modifique la ley regional del juego para establecer distancias mínimas entre locales, así como realizar actividades formativas sobre los riesgos del juego y protocolos que aceleren el acceso de los afectados a recursos sanitarios específicos.

El concejal de Salud y Deporte, Felipe Coello, agradeció el consenso generado en torno a este asunto que tiene como fin último, subrayó, «salvaguardar a las personas más vulnerables en torno al juego y la ludopatía», que «es un problema real que nos afecta a todos directamente y no nos podemos quedar atrás».

Por su parte, el socialista Enrique Lorca pidió que los acuerdos aprobados no queden en papel mojado, sino que se pongan en marcha, y reclamó que toda la corporación municipal, comenzando por el alcalde, muestren su compromiso contra el juego y no acudan este viernes a la inauguración del gran centro de ocio Odiseo.

Desde Ciudadanos, Juan Fernando Hernández Piernas, recordó que si bien el juego genera empleo e ingresos por impuestos, también supone unos altos costes y las administraciones deben evaluar si son o no asumibles dentro de sus límites de competencias.

El concejal de Vox José Javier Palma recordó que su partido ya presentó un acuerdo similar en el pleno al comienzo de la legislatura y reclamó que se cumpla y no quede en papel mojado.

Por último, el portavoz de Podemos, Ginés Ruiz, destacó que los acuerdos de la moción coinciden con las reivindicaciones de las asociaciones de afectados y consideró que el Ayuntamiento de Murcia debe dar ejemplo a otros municipios y tomar la iniciativa por ser la capital regional.