Una sanción de 10.000 euros vuelve a inflamar el conflicto entre el Ayuntamiento de Murcia y los hacendados

Sin embargo, un reciente pronunciamiento administrativo del Consistorio murciano, con la acequia de Benetucer nuevamente como objeto -y prácticamente como símbolo-, hace presagiar un nuevo enconamiento en las posiciones. Se trata, en este caso, de la resolución de un recurso de reposición, presentado por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur), que ha supuesto la imposición de una multa a la Junta de Hacendados por valor de 10.351 euros. Lo más llamativo es que la sanción hace referencia a una cuestión que los huertanos daban casi por zanjada y que vuelve a la palestra después de que la propia Administración municipal se haya enmendado a sí misma con poco tiempo de diferencia.

Fue el archivo por parte del Ayuntamiento -en diciembre de 2021- del expediente abierto contra la primera fase de las obras de canalización y hormigonado de la acequia de Benetucer -ejecutadas en un tramo de 300 metros- lo que animó a emprender, varios meses después, la segunda fase del proyecto, unos metros más adelante. Acabó estimando en aquella resolución el Servicio de Disciplina Urbanística, como en otras ocasiones, que los trabajos acometidos por los huertanos en 2015 no requerían de autorización municipal, sino que bastaba con una mera comunicación previa. La justificación es que estos se encontraban amparados por el artículo 127.1 de la Ley de Aguas, que establece que «las obras hidráulicas de ámbito supramunicipal, incluidas en la planificación hidrológica, que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se ubiquen, no estarán sujetas a licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal».

Esta fue la doctrina a la que agarró la Junta para acometer los trabajos del segundo tramo, los cuales fueron paralizados el 3 de marzo de 2022, mediante decreto, «al no ajustarse a la legalidad», según el Consistorio. Tal decisión dejó aquella nueva obra a medias, pese a las quejas de los agricultores de la zona, y obligó a restituir el caudal, sobre restos de forjados, ante la necesidad imperiosa de reanudar los riegos. Si bien los hacendados daban por descontado que sería un juzgado de lo Contencioso el que decidiría la procedencia o no de acabar este proyecto, no esperaban que se pusiera en cuestión el primer tramo ya concluido.

Así, siguiendo aquel refrán que dice 'donde dije digo, digo Diego', y tirando de la argumentación empleada en una sentencia previa de 2021, relativa al entubamiento de la acequia del Pino en Monteagudo, Disciplina Urbanística considera en la resolución del recurso interpuesto por Huermur que las obras acometidas por la Junta «no presentan 'per se' carácter supramunicipal». De esta manera, al no haberse justificado adecuadamente esta condición, los trabajos se encontraban sometidos a una «intervención previa mediante licencia municipal», que nunca fue concedida.

De esta manera, no solo se impone la mencionada sanción para este caso concreto, sino que en la resolución se muestra la voluntad de que, a partir de ahora, y teniendo como referencia la sentencia sobre Monteagudo, «haya un cambio de actuar de esta Administración», dándole un cierto carácter doctrinal a esta decisión. De hecho, los recurrentes, es decir, Huermur, señalan abiertamente que su intención es promover que lo resuelto en este procedimiento tenga un carácter «ejemplificante» y, por ello, solicitan que la actuación municipal no quede en la mera sanción, sino que se vaya más allá y «se restablezca la legalidad urbanística», con la retirada del cajón de hormigón construido.

«Hablamos de una actuación contraria al Plan General de Ordenación Urbana, que dice que las acequias se deben mantener en su estado natural, y que dio lugar a una destrucción del entorno, de la vegetación y del arbolado del cauce; hay que demoler para sirva de aviso», defiende Sergio Pacheco, presidente de la asociación. Siguiendo esa línea, fuentes municipales confirman que el Consistorio «ha abierto pieza de restablecimiento».

Por su parte, los huertanos no comparten los argumentos esgrimidos en esta resolución, la cual califican como «un pliegue bochornoso» del Consistorio ante las exigencias de los colectivos conservacionistas. «En la Junta de Hacendados renunciamos hace tiempo a los entubamientos, ya que entendemos cuáles son las nuevas exigencias y sensibilidades de la ciudadanía, pero no vamos a renunciar a modernizar nuestros sistemas de riego, y eso pasa por acondicionar los cauces, para que estos no pierdan agua, dejándolos siempre a cielo abierto y con su vegetación en los quijeros, pero cimbrados», defiende su secretario general, Juan Jesús Sánchez.

Pero si bien pelearán para evitar una sanción «extemporánea», lo que «no piensan consentir de ninguna manera» es la demolición del tramo recurrido. «No creo que se atrevan; la pelea puede ser gorda y es una actuación que no tiene sentido, ya que estamos hablando de una obra que funciona perfectamente; se van a echar encima, no solo a la institución», aventura Sánchez, concluyendo que una decisión de ese tipo «se puede eternizar durante años en los tribunales, porque la vamos a recurrir, exigiendo medidas cautelares».