Refuerzo de personal para el control de las licencias tras la tragedia de Teatre
El Consistorio incorpora a seis ingenieros técnicos tras endurecer los controles, y reduce a diez días el plazo para emitir informes de cierre
Seis técnicos industriales se han sumado al equipo de 27 profesionales que venían trabajando en el Servicio de Actividades del Consistorio de Murcia. Esta incorporación se ha producido dentro de la mejora de los protocolos de control e inspección de locales de ocio nocturno emprendida a raíz de los agujeros de funcionamiento detectados tras la tragedia de las discotecas de Atalayas, suceso que costó la vida a 13 personas a principios del pasado mes de octubre.
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Los seis técnicos se dividen en dos equipos. Tres profesionales han ido directamente al Servicio Técnico de Obras y Actividades de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, mientras que los tres restantes se han incorporado a Protección Civil, dependiente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ya que estos profesionales también se encargan de informar en los procedimientos. El refuerzo se hacía necesario ya que el volumen de expedientes a tramitar anualmente alcanza los 9.000.
La última instrucción reitera la obligación de suspender la actividad inmediatamente si se detecta algún riesgo
«La intención del equipo de gobierno en este 2024 es dar más agilidad tanto a la tramitación de licencias de apertura como a los procesos de legalización de actividades, con el objetivo de generar actividad económica en el municipio», añaden desde el Consistorio. Este refuerzo se hacía más que necesario –y se verá si suficiente– teniendo en cuenta, además, que las últimas instrucciones dadas por el concejal del ramo, Antonio Navarro Corchón, y que están en vigor desde la pasada semana, fijan un plazo de apenas diez días hábiles para que los servicios implicados elaboren los informes necesarios para decidir sobre la legalización de una actividad.
Medidas a adoptar
De hecho, fija la instrucción que dichos informes deberán fijar claramente si el problema existente detectado es meramente documental o si no se cumple con la normativa, instando a la suspensión inmediata de la actividad si alguna de las deficiencias constatadas determina la existencia de un daño o riesgo inminente para la salud o seguridad de las personas o el medio ambiente, precisando las medidas que proceden para evitar ese peligro. La intención del Consistorio es evitar sucesivas solicitudes de aprobación de proyectos de legalización que sirvan para la obstaculización del control legal. Se insta, además, a la elaboración de un plan anual de inspecciones.
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