Personal abre diligencias previas al concejal Mario Gómez por presunto acoso laboral

Es la primera vez en los 40 años de ayuntamientos democráticos en Murcia que el Servicio de Personal abre diligencias previas a un cargo electo por acoso laboral a un funcionario. Mario Gómez no solo es concejal, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos y responsable de Fomento, sino que, además, forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP que lidera José Ballesta. Solo por esto, ya formará parte de la historia municipal aunque probablemente a él le gustaría más serlo por convertirse en el primer alcalde de la formación naranja en Murcia.

De momento, lo que tiene son abiertas diligencias previas por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente del área de Personal. Tras admitir la denuncia presentada el pasado 9 de mayo por el jefe de Servicios Generales, Rafael Bernal Andreu, que acusaba a Mario Gómez de provocarle «la presión psicológica que he sufrido y sufro» y de reiterar que «actúa contra mi reputación profesional menospreciando el ejercicio de mis funciones, tanto directamente como en presencia de otros», ha sido convocado para mañana el comité asesor para situaciones de acoso.

El Ayuntamiento dispone desde hace tres años de un Manual de Buenas Prácticas para la Prevención del Acoso Laboral y lo que ha hecho es activar el protocolo con la constitución de un comité asesor, que se reunirá mañana, y que tiene que valorar la denuncia del funcionario.

Este comité llevará a cabo la investigación de los hechos denunciados y realizará las actuaciones pertinentes para recabar la posible información complementaria, con entrevistas a las partes y peticiones de informes. Forman parte de este comité el jefe de servicio de Prevención de Riesgos Laborales; un funcionario designado por el servicio de Prevención, con destino en el Servicio Municipal donde preste sus servicios la persona presuntamente acosada; un técnico especialista en Ergonomía y Psicosociología Aplicada; el jefe del servicio de Salud Laboral; un letrado asesor de la asesoría jurídica; un delegado de prevención; y un experto designado al efecto.

A la vista del informe, el comité asesor podrá declarar la inexistencia de acoso y archivo del expediente o bien ordenar la propuesta de resolución a la denuncia de acoso. Al tratarse de un caso electo, y no de un funcionario, en lugar de que el comité incoe el correspondiente expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave de acoso, tendrá que ponerlo en conocimiento del alcalde o del secretario general del Pleno porque el servicio de Personal no tiene capacidad para iniciar actuaciones disciplinarias contra un cargo electo, ya que este no está sujeto a la responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos.

En todo caso, el comité lo pondría en conocimiento del alcalde y del secretario general del Pleno para ver la decisión a adoptar. Como la vía de Personal interno del Ayuntamiento no es viable, el comité definirá si hay algún tipo de ilegalidad en la normativa laboral o penal y, en ese caso, el secretario general del Pleno formularía la denuncia en el juzgado de de lo Laboral o de lo Penal.

Desde que el Ayuntamiento se dotó de un Manual de Buenas Prácticas para la Prevención del Acoso Laboral, el comité asesor solo ha admitido dos casos de acoso pero siempre entre empleados públicos.

En paralelo, se está investigando otra de las vertientes de la denuncia del funcionario municipal, quien apuntaba a Mario Gómez como presunto responsable de poner en riesgo la salud y la seguridad ciudadana por mantener paralizados y sin autorizar los recambios necesarios para el mantenimiento de los vehículos de diversos servicios (Protección Civil, Policía Local y Salud con el reparto de vacunas). En concreto, incidió en su denuncia en que Gómez mantuvo «paralizada durante tres meses aproximadamente la reparación del vehículo que reparte y suministra las vacunas a los distintos centros médicos que dependen de la gestión municipal». En este sentido, según ha podido saber LA VERDAD, los servicios jurídicos municipales están realizando «una averiguación más precisa» de los hechos que se indican en el escrito, con objeto de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar un procedimiento, en su caso.

Igualmente, al no tratarse de un funcionario, sino de un cargo electo, deberá ser el secretario general del Pleno el que, en el caso de que los servicios jurídicos detecten indicios de un presunto delito, deba elevar la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.

Esta Redacción intentó recabar la opinión del vicealcalde Mario Gómez sobre los procedimientos abiertos contra él por la Administración local, pero no respondió a las llamadas.