La ordenanza antigorrillas de Murcia arranca con veinte aparcacoches denunciados

Junto a cada plaza de aparcamiento libre, un drama social. Dos patrullas de paisano, integradas por cuatro agentes adscritos al Grupo Especial de Seguridad de la Policía Local, y bajo la supervisión de un subinspector, comenzaron este lunes a recorrer las principales zonas de aparcamiento del centro de la ciudad con un cometido específico: el de atajar, o al menos mitigar, la actividad de los gorrillas, que han multiplicado su número y territorio de actuación en los últimos años.

La mayoría de los aparcacoches que pueblan estas áreas arrastran –no sin excepciones– una historia personal marcada por el desarraigo, la pobreza o las adicciones. La ciudadanía entiende, no obstante, que la solución a estos problemas no pasan porque se exija un peaje cada vez que alguien estacione y que a veces se ve incrementado al tener que abonar la tasa de la ORA, algo que comparte el Ayuntamiento. Así, tras numerosas quejas y denuncias, el gobierno municipal tomó nota de este malestar vecinal y llevó al Pleno del pasado noviembre la conocida como ordenanza antigorrillas que, después de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Región (BORM), entró finalmente en vigor este lunes. La norma da una nueva herramienta a los agentes, que ahora pueden incautarse de las cantidades obtenidas en el ejercicio de la citada actividad, prohibida de manera expresa. Sin ir más lejos, la primera jornada concluyó con 77 euros requisados y 20 denuncias.

El dispositivo diseñado no tiene, sin embargo, según apuntan desde el Consistorio, «un objetivo recaudatorio sino disuasorio» y no olvida la precaria realidad económica y personal de estos aparcacoches, por lo que los agentes patrullarán estos días acompañados de personal del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (Semas). Estos trabajadores sociales informan a los gorrillas identificados del contenido de la norma, se interesan por su situación y les ofrecen alternativas y asistencia ante el cese de ingresos que les supondrá su aplicación.

Cualquier vecino tiene en su mente cuáles son los principales lugares a controlar: el Malecón, avenida del Río Segura y Santa Joaquina Vedruna, La Fica, Ronda de Garay, San Esteban, la Jefatura de Tráfico y Centrofama, entre otros. Esa última área fue una en las que se inició. Allí, como en los últimos meses, se encontraba J. J., un médico al que los avatares de la vida y su adicción a la pasta base de la cocaína han empujado prácticamente a la calle. «Para comer voy al comedor social, pero necesito dinero para consumir; me da vergüenza encontrarme en esta situación», confiesa. Reconoce que en esa zona hay gente que se puede sacar un sueldo gracias a estas 'propinas'. «Algunos se echan 50 euros al día al bolsillo», apostilla, mientras la Policía le requisa los 2,20 euros que reconoce haber logrado esa mañana. Los agentes le extienden a continuación un acta de denuncia y le informan de que el dinero queda intervenido hasta que se ponga fin al expediente administrativo. «Si se resuelve a su favor, se lo devolveremos», le comunican.

Estas patrullas tratarán, no obstante, de contrastar con los ciudadanos que les den dinero cuáles son las cantidades entregadas, para comprobar más tarde que coinciden con lo que lleva el aparcacoches. Tras este proceso toca advertir que se debe abandonar esta ocupación, bajo amenaza de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana e, incluso, del Código Penal, por presunta desobediencia a la autoridad o amenazas.

Eugenia, la asistenta social que los acompaña, explica que hay gorrillas que cuentan con subsidios, pero que piden «para pagarse sus vicios». Más precaria es la situación de los inmigrantes, con y sin papeles, muchos de los cuales ejercen esta actividad por «pura subsistencia». Valkjaz y Mahmaddou, de Georgia y Guinea Conakri, explican junto a la Jefatura de Tráfico que han sufrido lesiones laborales que les impiden seguir trabajando en el campo. «Me da asco hacer esto; ayudadme», pide Valkjaz.