Un juez sí ve razones para investigar a dos concejales por el incendio en las discotecas de Atalayas
Admite la querella de los familiares de dos muertos contra un edil del PP y otro del PSOE, pero pasa el asunto a la magistrada que indaga ya sobre la tragedia sucedida en Murcia
El Juzgado de Instrucción 4 de Murcia ha acordado admitir a trámite la querella de los familiares de dos fallecidos en el incendio en las discotecas de Atalayas ... Teatre y Fonda Milagros contra el concejal de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, del PP, y su predecesor, Andrés Guerrero, del PSOE por haber permitido el funcionamiento de los locales pese al presunto incumplimiento de distintas normativas urbanísticas y de seguridad. La denuncia va dirigida también contra tres funcionarios municipales por su posible responsabilidad en la muerte de trece personas en los locales: el jefe de servicio de Prevención de Incendios, el inspector del Servicio Técnico de Obras y Actividades y el jefe de servicio de Intervención y Disciplina de Actividades del Consistorio.
En un auto dictado el 4 de abril, el magistrado José Fernández Ayuso afirma que la denuncia del abogado José Manuel Muñoz Ortín, en representación de Jairo Correa, padre de la fallecida Lady Paola, y de Kelly, hermana de Kevin Alejandro, expone hechos que pueden constituir un delito de prevaricación por imprudencia.
La instructora descartó el delito
El juez ve preciso abrir diligencias previas de investigación penal para calificar los hechos y establecer la posible «culpabilidad de las personas responsables» y las «responsabilidades pecuniarias [indemnizaciones] que se deriven». Advierte indicios sobre «la vinculación» de las muertes con «la actuación administrativa de autorización inspección y control».
En todo caso, el juez se inhibe en favor del Juzgado de Instrucción 3, que investiga ya la tragedia del 1 de octubre de 2023 en las discotecas. La titular de este segundo órgano, Ana María Martínez, desestimó el mes pasado abrir una pieza separada sobre la responsabilidad de políticos y técnicos. Rechazó la solicitud de los mismos familiares, quienes de forma simultánea a la querella presentaron ante la Audiencia Provincial un recurso, pendiente de resolver. Según la jueza, que ahora deberá decidir sobre la querella, la intervención municipal «puede calificarse como más o menos afortunada, pero no es manifiestamente o clamorosamente ilegal».
La instructora, que investiga a varios empresarios y empleados relacionados con los locales por 13 presuntos delitos de homicidio por imprudencia, no apreció «actitud pasiva» del Consistorio por permitir que las discotecas abrieran sin licencia y con una orden de cese de actividad.
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