Los Hacendados echan mano de la Comunidad Autónoma para «cobrarle» al Ayuntamiento de Murcia
Los huertanos reclaman a través de la Agencia Tributaria regional el pago de casi 400.000 euros relativos a las mondas de las acequias cimbradas
No ha sido, precisamente, esta la legislatura del entendimiento entre el gobierno municipal y la Junta de Hacendados, especialmente en los últimos dos años. ... Las desavenencias entre Administración y huertanos, a la hora de entender cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes y de fijar una visión común sobre cómo debe ser la gestión del ecosistema natural y productivo que constituye la huerta de Murcia, van acabar en todo lo alto y con la justicia nuevamente de por medio. Y es que a los tribunales llegarán, casi con toda seguridad, las discrepancias económicas que mantienen el Consistorio y los miembros de esta comunidad tradicional de regantes a cuenta de la financiación de las mondas de las acequias y, en particular, de las de los cauces entubados.
De hecho, los hacendados han decidido explorar una nueva vía a la hora de reclamar lo que estiman que les corresponde. De esta manera, esta corporación privada de derecho público, adscrita a la Confederación Hidrográfica del Segura, ha hecho valer su propia condición y las prerrogativas que esta les confiere para tratar de cobrar casi 400.000 de los 800.000 euros que estima que le adeuda el Ayuntamiento de la capital, relativos a la limpieza durante los últimos años de los tramos cimbrados. La vía elegida ha sido así la de la Agencia Tributaria regional, dependiente de la Administración autonómica, con la que la que la comunidad de regantes firmó un convenio en 2014 «para gestionar la recaudación ejecutiva en su nombre», según aclaran fuentes de la Consejería de Hacienda.
Esta fórmula de cobro, según apuntan fuentes municipales y reconocen desde la propia Junta de Hacendados, es empleada habitualmente para reclamar, entre otras deudas, los cobros de los recibos y cuotas a los propios huertanos, cuando acaba el periodo voluntario de pago y se inicia la vía de apremio, incluyendo la exigencia de posibles recargos. No está, por ello pensada en un principio para exigir un pago a una administración pública, aunque el secretario general de la entidad huertana señala que ya se ensayó su uso para ello, hace algo menos de una década, con el Ayuntamiento de Santomera, con resultados satisfactorios.
La comunidad de regantes utiliza así el convenio que tiene con la Consejería para cobrarle las cuotas a sus miembros
«Ya se nos dio la razón entonces y confiamos en que se vuelva a hacer; de hecho, si logramos que se pague así, este se convertirá en el cauce normalizado, sin tener que solicitar que se firme o cumpla con convenio alguno o que se nos otorguen subvenciones, por unos trabajos que simplemente acometemos en nombre del Consistorio y que debemos facturar y cobrarle», defiende Sánchez. Los 393.255 euros reclamados corresponden, según defiende, a las modas acometidas durante los años 2020 y 2021, añadiendo que también están pendientes las de otros dos ejercicios.
Sin convenio ni subvenciones
El abono se venía realizando en virtud de un convenio que fue paralizado por el equipo del socialista José Antonio Serrano, tras el conflicto por las obras del hormigonado de la acequia de Benetúcer, y de un plan de subvenciones del que se ha acabado sacando definitivamente a la comunidad de regantes. Su secretario general defiende que estos instrumentos facilitaban y sustanciaban un pago que se devenga independientemente de que estos existan.
El Consistorio recurre la reclamación al entender que no viene avalada por norma alguna, y dice que no es parte de la Junta
«Dentro de las mondas anuales, que nos cuestan en torno a un millón de euros a repartir entre nuestros miembros, acometemos las de aquellos tramos que fueron entubados a instancia municipal para crear accesos, caminos o incluso zonas de esparcimiento; estas son más costosas y deben ser sufragadas por el Consistorio, según marca la ley y las ordenanzas de la huerta», apostilla Sánchez.
Por su parte, y según explica el aún concejal de Urbanismo en funciones, Andrés Guerrero, el Ayuntamiento rechaza estas pretensiones acogiéndose a varias cuestiones. La primera es, precisamente, la «inexistencia» de una norma –frente a lo que alega Sánchez– que regule explícitamente la cuanticificación de esa supuesta obligación, que tachan de arbitraria. La segunda es la consideración de que el Ayuntamiento no forma parte de la junta y no se le puede reclamar, por tanto, por esta vía. Por ello, la Junta de Gobierno aprobó presentar hace unas semanas un recurso administrativo de reposición ante la reclamación de la Agencia Tributaria regional. «Intuyo que acabaremos en los tribunales», zanja Sánchez.
En busca de una mejora en las relaciones, aunque con reticencias
«La huerta pertenece a todos, pero no hay huerta sin huertanos y merecen un respeto», señalaba durante la campaña electoral el ya alcalde electo, José Ballesta, al ser preguntado sobre la situación de enfrentamiento que la Junta de Hacendados ha mantenido con el equipo de gobierno de José Antonio Serrano. Ballesta reconocía que la relación con la comunidad de regantes durante sus anteriores mandatos había sido «sincera, pero no exenta de tiranteces» y abogaba por hacerlos «copartícipes» de las decisiones a tomar sobre este ecosistema productivo y natural.
Desde la Junta de Hacendados dan la bienvenida a la posible recuperación de «un trato cordial y un cauce normalizado» en las relaciones con la Administración local, tras haber sido «ninguneados». No obstante, subrayan que durante la anterior etapa de Ballesta también «se encontraron con problemas» y que no tienen claro, por ejemplo, que ahora se les vaya a abonar lo adeudado. Por su parte, entidades conservacionistas como Huermur siguen rechazando las subvenciones a «entidades que no cuidan el patrimonio de la huerta».
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