La Fiscalía pide la demolición de una nave de infraviviendas para inmigrantes en El Raal
Una sentencia penal confirma la ilegalidad de una instalación industrial de la huerta de Murcia, reformada y dividida sin licencia para su uso residencial en alquiler
Tres mujeres enfilan el camino a casa tras salir de la empresa de frutas en la que trabajan en El Raal. El trayecto, acotado por ... huertos de limoneros a uno y otro lado, se acaba apenas a un centenar de metros, en una nave muy similar a aquella donde se ganan la vida cada día. Se trata de las antiguas instalaciones de una empresa de cítricos, ubicadas en la calle Segura de esta pedanía, de la que no queda más rastro industrial que esta enorme estructura. Y es que el edificio, de 480 metros cuadrados, ha sido reconvertido para su uso residencial, trufándolo en su interior de infraviviendas, repartidas en dos plantas, que son arrendadas a diferentes familias de origen inmigrante.
Así lo confirma una sentencia del juzgado de Lo Penal Número 2 de Murcia, que condena al propietario del inmueble a un año y tres meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. La resolución no solo subraya la construcción de residencial en el interior de la nave, sino que constata la edificación de otros dos bloques en el exterior en contra de lo establecido en el planeamiento. De hecho, todas estas obras se acometieron sin la correspondiente licencia municipal, ya que se ubican en «suelo no urbanizable» de huerta, y no son susceptibles de legalización, atendiendo a la normativa.
La sentencia no ordena, sin embargo, la demolición del inmueble y la restitución de la legalidad urbanística, ya que «no se aprecia la suficiente gravedad para justificar la adopción de esta medida restauradora en sede penal», dejando una decisión de este tipo en manos de la Administración. Desde la Fiscalía no se comparte esta última decisión, y se subraya que la misma ha sido recurrida, solicitando el derribo de lo construido ilegalmente.
El abogado del propietario condenado defiende que este «cumple una función social»; los vecinos temen que «ocurra una desgracia»
«No nos consta esa solicitud del Ministerio Público, pero nosotros también hemos recurrido porque entendemos que contamos con una autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura», alega la representación legal del condenado. Asimismo, rechaza que el propietario haya acometido dichas obras para hacer negocio a costa de estas personas, en contra de la ley. «Se trata de familias que encuentran dificultades para encontrar una vivienda y mi cliente se la ofrece a un precio irrisorio en unas condiciones de seguridad e higiene adecuadas; lo que debería es estar subvencionado», defiende el letrado, subrayando que no es ni mucho menos la única edificación de este tipo en la zona.
«Es cierto que se trata de personas que no tiene fácil lo de encontrar un hogar, quizás por la falta de inmuebles en alquiler y porque mucha gente no quiere arrendarles porque, una vez que entra una familia con niños a una casa, si dejan de pagar, ya no se les puede sacar, y los propietarios no quieren», reconoce Antonio Soto, pedáneo de El Raal. Este rechaza, no obstante, que se siga obrando y metiendo a gente ahí por las bravas, algo que inquieta a los vecinos». «Nosotros no tenemos ningún problema con los residentes, son fundamentalmente personas trabajadoras, con hijos que van a la escuela, pero se trata de edificaciones sin control, que no están concebidas para ese uso, y un día se pueden venir abajo, causando una desgracia», señala un vecino que prefiere no dar su nombre.
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