El 'fenómeno gorrilla' sigue al alza mientras se retrasa la ordenanza destinada a frenarlo

Los gorrillas siguen extendiéndose por las calles del centro de la ciudad sin que los vecinos y conductores puedan hacer nada por evitarlo. El fenómeno ha pasado, en los últimos veinte años, de ser una práctica residual que se veía en el Malecón, en San Esteban y en los aledaños de los hospitales a invadir por completo el casco urbano y verse en los entornos de la Cárcel Vieja, las calles aledañas a La Merced, la calle Santa Joaquina de Vedruna, la calle Cartagena, la avenida de La Fama, cualquier recoveco de La Paz, los entornos de la plaza de toros, varias de las zonas residenciales junto al jardín de La Seda y los aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad. Incluso en el parking de libre acceso del Auditorio Víctor Villegas.

La lista de lugares que se reparten los gorrillas es muy larga. Tanto que en ningún barrio del centro se libran ya los conductores de tener que dar una moneda por nada. La situación y las quejas se han vuelto tan insostenibles que el Ayuntamiento se ha visto en la necesidad de elaborar una nueva ordenanza que intente frenar esta actividad a la que se suman cada vez más hombres, en su mayoría inmigrantes, que viven en situación de exclusión social.

La nueva normativa, que da poder a la Policía Local para incautar la recaudación que consigan los gorrillas a través de esa actividad ilegal, pretendía aprobarse en el Pleno del mes de octubre, según publicó 'La Verdad'. Sin embargo, varias correcciones al texto realizadas por Servicios Jurídicos han retrasado su redacción final, según explicó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva, quien confirmó que «el propósito es llevar la ordenanza al Pleno de noviembre, aunque antes tiene que ser aprobada por la Junta de Gobierno y pasar por el correspondiente procedimiento de comisión informativa».

Hasta ahora, lo único que se podía hacer contra la actividad de los gorrillas era aplicar la Ley de Seguridad Vial, «pero hemos comprobado que eso no es lo adecuado, así que esta nueva ordenanza dota a la Policía de herramientas, desde el punto de vista jurídico, para que pueda actuar». La creencia es que, si la actividad de aparcacoches deja de proporcionarles un sustento, estas personas tendrán que dedicarse a otra cosa. Y sobre las tretas que puedan realizar para esconder el dinero que recaudan, el concejal apunta a la profesionalidad de la Policía para detectar cualquier escondrijo.

Martínez-Oliva aseguró que, hasta ahora, viene firmando «unas treinta sanciones a gorrillas cada día». Una medida poco o nada efectiva, porque «como son de carácter económico, no llegan a ningún fin. A ellos les da igual que los multen porque son insolventes». Él es el primer interesado en mover ficha para frenar a estos aparcacoches y reconoció sin ningún pudor que «la inacción por parte de las administraciones no es la solución, porque el fenómeno crece cada vez más y se generan problemas. Se producen enfrentamientos entre ellos por los espacios y también enfrentamientos con los conductores, que no tienen por qué pagar este impuesto revolucionario».

Los vecinos más molestos por el tema son, según el concejal, aquellos que viven en calles de aparcamiento regulado por la ORA y que se ven obligados, «a pagar doblemente por el miedo a que el coche pueda ser dañado de alguna forma».

La situación ha llegado a tal punto que el Ayuntamiento se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto, porque «los vecinos no pueden estar desarmados ante esta situación, porque protestan con toda la razón del mundo. Porque ya no solo es el hecho de que pidan dinero, sino que algunos de ellos muestran conductas amenazantes, como el ataque de uno de ellos a una chica embarazada que se vio este verano», reiteró el concejal.

Entre las nacionalidades que más se repiten entre los gorrillas, apuntó a los «argelinos, subsaharianos y ciudadanos de países del este». Desde su punto de vista, el problema de la proliferación de esta actividad hace que «también aumente en la población el odio hacia los extranjeros».

Otra de las cosas que regulará la nueva ordenanza es la mendicidad en los semáforos. A todo aquel que aproveche el parón de la luz roja para sacar unas monedas, también la Policía podrá incautarle la recolecta.

Martínez-Oliva aclaró que «el tema de la mendicidad es diferente y no hemos querido regularlo aquí, salvo en este caso, porque suponen un peligro para la seguridad vial».

Además, también dijo que pretende compartir el texto de la ordenanza con todos los grupos municipales antes de llevarlo a su aprobación en el Pleno de noviembre. «Hay una demanda social tan importante, que creo que va a haber unanimidad de todos los grupos».