La expansión urbana mira a la huerta de la zona norte de Murcia con la oposición de parte de los vecinos

Si alguna virtud han encontrado las entidades conservacionistas al actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de 2001 y vigente durante la burbuja inmobiliaria, es que sacaba los grandes desarrollos urbanísticos de la zona sur y oeste y los mandaba más al norte, un área con una menor presencia de suelos fértiles. Es aquí donde se localizan los nuevos desarrollos. Basta con ver los trabajos de urbanización que se están acometiendo en la nueva Flota o contemplar los solares del entorno de Juan de Borbón que están a la espera de ser edificados.

Pero parece ineludible preguntarse cuál será el siguiente avance, aquel que podría llegar en una década. La secuencia espacial y las dinámicas de los últimos años parecen apuntar a los terrenos existentes al norte de Juan de Borbón, aquellos que lindan con las grandes avenidas de acceso a la ciudad, y que rompen el continuo urbano con la llamada zona de los centros comerciales. De hecho, parece imposible no mirar a una posible bolsa de suelo comprendida entre Reino de Murcia y la Alameda de los Pinos y que ronda el medio millón de metros cuadrados.

Ya lo hicieron los instrumentos urbanísticos vigentes con la aprobación del plan parcial ZM-Ch6, cuya tramitación sigue cubriendo fases hacia su efectivo desarrollo. La última llegó el pasado mes de noviembre con el acto de constitución de la escritura de la junta de compensación, aquella entidad formada por propietarios que debe asumir la ejecución de la urbanización y repartir los costes entre ellos.

Pero tanto entidades conservacionistas como un grupo de residentes en esta zona han decidido mostrar su oposición ante estos planes, hasta el punto de plantearse constituir una asociación vecinal para la defensa de una de las pocas áreas de huerta que aún se internan en la ciudad. «Cuando vas por la carretera, no llegas a imaginar lo que hay aquí dentro: es un entorno maravilloso, un pulmón y una reserva de tierra fértil a poca distancia del asfalto y el hormigón, y que conserva unos valores culturales y medioambientales magníficos, entre ellos pinos centenarios catalogados», defiende el presidente de Huerta Viva, José Antonio Moreno Micol, criticando «unas actuaciones urbanísticas depredadoras», que demuestran una visión «corta de miras».

«No tiene sentido convertir toda esta extensión de terreno, que no responde al crecimiento potencial real de la ciudad, en solares», añadía Moreno Micol, defendiendo que por eso «interesa degradar lugares como este, permitiendo vertederos o causando incendios».

El presidente de Huerta Viva, acompañado por un puñado de residentes, critica unas actuaciones que considera que responden a «intereses especulativos» y que «expulsará a las personas que allí viven». Así lo lamentan Paco, Fernando y Rocío, que aseguran que se vieron incluidos en este Plan Parcial de 2003 contra su voluntad y que temen verse obligados a dejar sus casas. «Mi padre nació aquí y a sus 77 años no está dispuesto a marcharse», defiende Fernando, sin olvidar que el coste de urbanización para un particular puede ser «inasumible».

De hecho, recientemente han recibido varias cartas del equipo gestor de la entidad de compensación instándolos a unirse en el plazo de un mes a la citada entidad urbanística o a someterse, en caso contrario, a una expropiación forzosa más una indemnización, al contar con un porcentaje de suelo suficiente. Si bien, según el concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, esa comunicación debe realizarse directamente por el propio Ayuntamiento -y no de manera ilegal por cualquier particular-, una vez quede totalmente cerrado el acuerdo necesario con la Junta de Compensación, esta se acabará produciendo irremediablemente. «Nos consta que los propietarios ya adheridos suponen al menos el 52% de la superficie total que pretende ser objeto de transformación y se cumple por tanto con la legalidad».

De hecho, desde el equipo gestor de la junta de compensación se asegura que, «a fecha de hoy, este porcentaje se encuentra en el 70%». «La junta está legalmente constituida e inscrita en el registro de entidades colaboradoras del Ayuntamiento y por ello se debe proceder a dicha notificación», añade. La cifra real obtenida no es baladí, porque del porcentaje final de titulares que se sumen al desarrollo del plan parcial puede depender su viabilidad, ya que, según explica Guerrero, un elevado coste en expropiaciones e indemnizaciones lo puede frustrar económicamente, sobre todo en una actuación «tan grande como esta».

«Sea como fuere, se trata de un plan aprobado definitivamente y que, salvo que exista algún defecto de forma, podrá seguir adelante si existe la voluntad y los recursos, ya que cualquier reversión podría implicar importantes responsabilidades de la administración; lo hecho hace dos décadas, ahora tiene difícil corrección», explica el edil. No obstante, si el camino para constituir la junta de compensación ha sido largo, también lo será el de la entrada de la maquinaria en este paraje. Posiblemente haya propietarios de la zona que no lleguen a verlo. Pero lo que tiene claro Moreno Micol es que «urge una revisión del PGOU para que en un futuro nuestra ciudad habite de una forma respetuosa con su entorno rural y de huerta».