Ecologistas y vecinos denuncian obras ilegales en Zeneta por la autovía del Reguerón

Ecologistas en Acción y la asociación de vecinos de la pedanía murciana de Zeneta han denunciado «irregularidades muy graves» en los desmontes que aseguran que se están llevando a cabo sin licencia desde hace más de un año para construir la autovía del Reguerón.

Según ambas entidades, no cuentan con las autorizaciones necesarias de las direcciones generales de Medio Ambiente y de Minas del Gobierno autonómico, de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y del Ayuntamiento de Murcia. No cuentan tampoco con «estudios rigurosos del impacto ambiental» y de emisiones a la atmósfera ni con los pertinentes planes de labores y de reforestación.

Con estos desmontes, han apuntado, se han extraído ya más de 1,7 millones de metros cúbicos de materiales para ser usados en la autovía, lo que ha «producido un grave impacto ambiental y paisajístico», porque se están llevado a cabo en terrenos calificados por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia con la categoría Protección de la Naturaleza y Usos Forestales.

«Se han eliminado especies de flora de diferente catalogación en el Catálogo Regional de la Flora Silvestre Protegida, que en cualquier caso requieren de autorización para su manejo», añaden.

A esas irregularidades hay que sumar que «se han eliminado y transformado cauces naturales de barrancos y pequeñas ramblas sin ningún consentimiento de la CHS y muy cerca de zonas de riesgo por inundaciones», por lo que de producirse lluvias torrenciales, podrían agravarse las riadas y afectar a las poblaciones cercanas.

Además, las familias que viven en el área más próxima a las obras han denunciado perjuicios por la concentración de polvo en el ambiente, cúmulo constante de arena en las viviendas, ruido y tráfico de 200 camiones de gran tonelaje al día.

Estos perjuicios son consecuencia directa de la ausencia de licencias y permisos, que condicionan las obras con diversas medidas para paliarlos.

Para ambos colectivos, se está cometiendo un «grave delito ambiental que incluye el incumplimiento de numerosa legislación», por lo que han pedido a las administraciones competentes que paralicen la extracción, impongan sanciones y penas y trasladen el caso a instancias judiciales.