Activistas de la PAH paralizan dos desahucios en una mañana en Murcia

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguió este viernes otras dos victorias que se suman a la decena de paralizaciones de desahucios que el movimiento social por el derecho a la vivienda digna tiene en su haber tras años de activismo. Una comisión judicial tenía previsto ejecutar órdenes de lanzamiento de desahucio sobre dos viviendas de la pedanía murciana de El Esparragal, pero la intervención de la PAH y de un numeroso grupo de Yayoflautas (manifestantes jubilados en defensa de los derechos sociales), consiguieron frenarlos, al menos temporalmente. Mientras que en uno de los casos los inquilinos negociarán ahora con el propietario, en el otro asunto, la familia afectada podrá organizar su salida y encontrar otra casa.

A las 10 horas estaba previsto el lanzamiento del primer desahucio en una vivienda ubicada en el centro del pueblo. La familia, de origen marroquí y con tres hijos nacidos en España, se enfrentaban a la amenaza de perder su hogar tras años pagando un alquiler. Sin embargo, el propietario original perdió la casa y se la adjudicó el banco.

José Antonio Viudes, miembro de la plataforma, explicó que la entidad financiera no reconoció el contrato de alquiler de la familia, aunque seguían abonando las mensualidades. «Llevamos 13 años viviendo aquí, tenemos toda nuestra vida hecha en este pueblo y no hay forma de encontrar un piso», afirmó Lamia, de 28 años, hija de los afectados.

Tras varias gestiones de última hora y la presión ejercida por los activistas, la comisión judicial no se presentó. Todos respiraron de alivio cuando vieron marcharse al equipo de cerrajeros que esperaban en la calle a la comisión. «Les ha llamado por teléfono, les ha dicho que estaban cerca del sitio y que fueran a firmar el servicio para que, aunque no hayan trabajado, lo cobraran», indicó Paco Morote, portavoz de la PAH. De este modo, el desahucio quedó suspendido a la espera de negociaciones entre el banco y los inquilinos.

Apenas a dos kilómetros de distancia, en la calle Orilla del Azarbe, sobre otra familia sobrevolaba una hora después otro inminente desalojo. Alicia, madre de tres hijos, estaba a punto de perder la casa que construyó junto a su marido hace más de 20 años. Después de sufrir el cierre de su carpintería metálica durante la pandemia y atravesar problemas de salud en la familia, el préstamo hipotecario pasó a manos de un fondo buitre, vendido por el banco original.

Joaquín Sánchez, cura y activista de la PAH, calificó la situación como «inhumana». Según explicó, Alicia intentó negociar un alquiler social y una dación en pago sin éxito. Por su parte, la afectada aseguró que han pedido tiempo para encontrar un piso, «pero todo está carísimo. No tenemos dónde ir y no hemos podido ni sacar nuestras cosas de la casa», relató entre lágrimas Alicia. En esta segunda vivienda, varias decenas de activistas rodearon la entrada de la casa y, finalmente, la comisión tampoco apareció. Alicia rompió a llorar -ahora de alegría- cuando su procurador le confirmó que el desahucio estaba suspendido.

Sin embargo, la no comparecencia de la comisión a un lanzamiento de desahucio es algo muy inusual en este tipo de procesos, ya que lo normal es que lo que decida, tiene que ser notificado a las personas interesadas en ese momento. «Pero esto no se ha dado en ninguno de los dos casos. Tenemos la sensación no confirmada que han pasado por delante y ellos no están acostumbrados a ver tanta gente frente a un desahucio. Lo importante es que se ha frenado, aunque no sabemos ni las causas ni el plazo de tiempo que se da», concluyó Paco Morote, de la PAH.

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