Chabolas en el barrio Lo Campano de Cartagena en una imagen de archivo. Pablo Sánchez/ AGM

Cinco municipios de la Región de Murcia se incorporan al plan para erradicar el chabolismo

La Consejería comprará pisos para alojar a familias sin recursos en Cartagena, Lorca, Cieza, Fuente Álamo y Puerto Lumbreras

LA VERDAD

MURCIA.

Martes, 14 de junio 2022, 00:44

El Gobierno regional extiende el programa para luchar contra la infravivienda en la Región de Murcia a los municipios de Cartagena, Cieza, Fuente Álamo, Lorca y Puerto Lumbreras, con el objetivo de facilitar a las familias el acceso a un hogar y contribuir a que abandonen la situación de exclusión social.

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Así se establece en el protocolo que firmaron ayer el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad y Política Social, Isabel Franco, junto con los alcaldes de Cartagena, Noelia Arroyo; Cieza, Pascual Lucas; Fuente Álamo, Juana María Martínez, y Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, y la concejala de Servicios Sociales de Lorca, María Dolores Chumillas.

El consejero José Ramón Díez de Revenga señaló que «este programa brinda una nueva oportunidad a las familias que están atrapadas en una situación de pobreza, en muchos casos cronificada, mediante el acceso a un hogar que actúa de ascensor social y mejora de forma notable sus condiciones de vida».

«La lucha contra la infravivienda es una de las principales políticas de hogar del Gobierno regional para ayudar a las familias. La adquisición de viviendas y posterior acompañamiento de las familias es la mejor herramienta para combatir esta situación social», resaltó el consejero. Díez de Revenga consideró este programa como «ejemplo de colaboración entre administraciones y entidades sociales con el firme propósito de dar un apoyo inmediato a las familias que no tienen un hogar».

113 beneficiarios

La Comunidad ha adquirido 52 viviendas en Alcantarilla, Mazarrón y Murcia, en las que ha invertido 4.632.593 euros y con la ampliación del programa a más municipios prevé incrementar la lucha contra este tipo de asentamientos en otros municipios. Un total de 113 personas han podido acceder ya a una de las viviendas compradas y acondicionadas por la Comunidad. De ellas, 62 eran menores y 51 adultos.

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Este programa, cofinanciado con fondos europeos Feder y FSE y de la Comunidad Autónoma, que lidera el Gobierno regional, cuenta con la colaboración de los Servicios Sociales de los municipios adheridos al programa (Alcantarilla, Cartagena, Cieza, Fuente Álamo, Lorca, Murcia, Mazarrón y Puerto Lumbreras) y la entidad social Habito.

La Consejería de Fomento e Infraestructuras se encarga de la compra y adecuación de las viviendas para destinarlas al realojo de las familias. Para ello, se tienen en cuenta las necesidades de cada familia y que cumplan con los requisitos exigidos (proximidad a servicios e integración en los entornos residenciales) y el visto bueno de los ayuntamientos y la ONG.

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A continuación, las viviendas adquiridas se incorporan al parque de vivienda pública del Ayuntamiento para destinarlas a las familias en situación de exclusión social y de vulnerabilidad severa.

La consejera Isabel Franco indicó que «la clave del programa es el trabajo que se desarrolla para garantizar un hogar digno a las familias que residen en chabolas o infraviviendas, antes, durante y después del realojo».

«Las políticas que se desarrollan para garantizar un hogar a todos los murcianos son prioritarias para el Ejecutivo regional, más aún tras las situaciones de crisis que se están sucediendo, una pandemia mundial y una guerra», destacó la titular de Política Social.

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La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, indicó que la falta de una vivienda digna perpetúa las situaciones de exclusión social y hace mucho más difícil el trabajo por la integración. Por esa razón es importante disponer de más capacidad para ayudar a familias alojadas en infraviviendas.

«Según nuestros datos, en Cartagena hay 222 familias que residen en infraviviendas o se encuentran en situación de exclusión residencial. Esas familias las integran en torno a 470 personas. 57 son familias con menores de edad, lo que suman un total de 140 menores de edad» señaló Arroyo.

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