El TSJ tumba la protección de la vieja estación de Cabo de Palos

La Sociedad Estatal Correos y Telegráfos SA interpuso un recurso ante el TSJ. Entre otras cosas, alegó que los elementos en estado «semi ruinoso» que quedan en la finca, de 9.536 metros cuadrados, son solo las residencias de los empleados construcciones «sin ningún interés histórico, arquitectónico ni industrial». Y la Abogacía del Estado advirtió de que habría que indemnizar a Correos, «que sufriría un perjuicio patrimonial totalmente injusto» si se alterara la catalogación urbanística de la parcela.

En una sentencia dictada el padado 9 de febrero, y que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Sala primera de lo contencioso administrativo del TSJ da la razón a Correos. Y crítica a la Comunidad y al Ayuntamiento.

«La discrecionalidad de la Administración para calificar y proteger un bien debe partir de una constatación rigurosa del valor cultural del bien, y motivarse adecuadamente. En el presente caso, la única motivación que se encuentra es que, en el pasado, y sin que de ello quede ya constancia física alguna, hubo una instalación como la antigua antena, pero se está pretendiendo dar un valor histórico a unos inmuebles que no se ha acreditado que lo tengan por sí mismos. No se observa relación alguna ni ofrecen una representación de la antena», dicen los magistrados.

Añaden que «no constituyen estos elementos un testimonio de la industrialización, o, en este caso, de la implantación de una importante tecnología». Y sostienen que «en cuanto a las referencias a la historia de la navegación en la costa murciana, tampoco los elementos inventariados son un testimonio de esa historia, salvo que se instale un museo con documentos y objetos relacionados con la navegación». En todo caso, advierte el TSJ, ese museo «no necesita ubicarse en la parcela para evocar o recobrar la historia de la navegación».

El tribunal indica que «en las fotografías obrantes en el expediente se puede comprobar que la zona del Faro de Cabo de Palos ha sido urbanizada, existiendo numerosas viviendas unifamiliares, con la consiguiente alteración de ese paisaje que se pretende representativo de un patrimonio industrial y una historia de la navegación y la seguridad en el tráfico marítimo». Y «no consta actuación alguna de ninguna Administración tendente a la protección de ese paisaje que quizá, para lograr los fines que ahora se pretenden, debía haberse sustraído al desarrollo urbano» a través del Plan General de Cartagena.

«El desinterés hacia la parcela -concluye el TSJ- ha sido general, tanto de las Administraciones como de los particulares, incluidos los vecinos de la zona, pues no consta ninguna denuncia ni instancia anterior». Y ello, pese a que la parcela dejó de tener su uso para correos y telégrafos en 2015.

Correos alegó que solo tenían valor eran las extintas antenas y la maquinaria, pero no la portada de acceso a la parcela, la nave principal, la casa de máquinas y el aljibe. Cultura y el Ayuntamiento defendieron la protección por «razones históricas y no arquitectónicas», porque la estación fue clave en la defensa de la costa y el auxilio a la navegación. Correos dirigió su recurso también contra la Comunidad de Propietarios Cala Ronda Fase VII de Cabo de Palos, que la acusó a de incumplir sus deberes de conservación. Procabo impulsó la protección de la antigua estación en 2019, ante su deterioro y la pasividad de administraciones y empresa. Y Correos se planteó vender el suelo, para esquivar su paso de uso residencial a uso libre dotacional.

El 1 de septiembre de 2022, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó por unanimidad una declaración institucional en favor de adoptar medidas para impedir la construcción de viviendas en la parcela de Correos y proteger los edificios auxiliares de la antigua estación. La medida, impulsada por el Grupo Municipal MC, tomaba como base la moratoria urbanística del Mar Menor y su entorno, que impedía edificar en suelos urbanos no consolidados. Sin embargo esta moratoria quedó sin efecto en septiembre de 2023, al no ratificar la Asamblea Regional el decreto del Gobierno regional que prorrogaba este veto urbanístico. La norma fue tumbada al PP por Vox, PSOE y Podemos. Vox alegó su innecesariedad para proteger la cuenca marmenorense y los grupos de izquierda, que rebajaba la protección previa y abría la puerta a nuevas urbanizaciones.

El Parlamento autonómico tiene pendiente debatir, desde noviembre, una nueva proposición de ley del PSOE (que retiró otra anterior por defectos formales) para establecer una nueva moratoria. Y el Gobierno Regional sigue tramitando, con cuatro años de retraso, la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, cuya ausencia justificó la aprobación de la moratoria por tres años en el año 2020.