Los taxis podrán cobrar con tarjeta y serán renovados antes de 12 años

La nueva ordenanza reguladora del taxi en Cartagena ha entrado en vigor tras su publicación el lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Sustituye a la de 2002. Una de las novedades del texto son las condiciones para ser titular de licencia de taxi, que permite que los taxistas de Cartagena puedan compatibilizar una segunda actividad bajo una serie de condicionantes. También, que los conductores que hasta ahora operaban en alguna de las zonas del municipio tendrán libertad para hacerlo en cualquier punto del término de Cartagena. Así, los de la ciudad podrán coger pasajeros en La Manga, donde en verano suelen faltar vehículos para cubrir el servicio público.

En relación a la suspensión provisional de las licencias de taxi se dispone una regulación más amplia a la prevista en la ley regional para los supuestos de enfermedad o cualquier circunstancia de fuerza mayor que impida la prestación del servicio. En este caso el titular podrá solicitar la suspensión de su licencia por un periodo máximo de un año prorrogable a dos. Por razones personales podrá pedirse la suspensión de la licencia por igual plazo sin que el número de suspensiones alcance el 15% del total de la flota.

Otra novedad alcanza a la prestación del servicio por conductores asalariados en caso de incapacidad laboral transitoria del titular, suponiendo que, temporal y excepcionalmente, se podrá autorizar un conductor asalariado más. Se dispone expresamente la prohibición de que los titulares de licencias no podrán ser contratados como asalariados por otro titular.

En cuanto a los vehículos y sus condiciones técnicas, la nueva ordenanza dispone expresamente que no podrán superar la antigüedad de doce años a contar desde su primera matriculación. Además, deberán tener sistemas telemáticos de pago y facturación, así como geolocalización con sistema de SOS.

Por último, se regula el régimen de infracciones y sanciones previsto en la norma autonómica de 2014 con multas que van desde los 100 a los 4.001 euros, sin perjuicio de la posibilidad de la revocación de la licencia por parte municipal.