El sellado de 50 pozos mineros de Cartagena aporta seguridad en zonas transitadas por senderistas y ciclistas

Según informaron fuentes de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, en lo que va de año han sido ejecutados trabajos de revisión y adecuación de instalaciones en seis fincas. El año pasado contabilizó 16, en 2020 anotó 18 y en 2019, nueve.

Una de las herramientas que están empleando los técnicos de la Administración para enviar requerimientos a los titulares de estas parcelas es el borrador del inventario de pozos mineros abandonados de la Región de Murcia. Este documento «se terminó de elaborar en 2021 y actualmente está en fase de revisión», afirmaron fuentes de la Dirección General, que tiene al frente a Horacio Sánchez. Y añadieron que las imágenes de los pozos tomadas por los técnicos muestran claramente la mejora respecto a la situación previa a las obras. Como ejemplos, citaron la Mina San Francisco Javier, situada junto a la rambla del Avenque, y la Mina Nuestra Señora de los Ángeles, en el paraje La Parreta.

La intervención del área regional de Minas, que pertenece a la Consejería de Empresa, obedece entre otras cuestiones a las peticiones realizadas por las asociaciones de vecinos de Llano del Beal, Portmán y otras localidades de la Sierra en los últimos años. Entre las preocupaciones de estos colectivos está el peligro que las instalaciones mineras abandonadas suponen en especial para los niños, si no están debidamente clausuradas.

En algunas ocasiones, los bomberos de Cartagena han tenido que movilizarse para rescatar a perros que habían caído a pozos y no podían salir. En todo caso, los propietarios de las fincas han alegado que el siniestro se había originado como consecuencia de una imprudencia de personas que hicieron caso omiso de los carteles que informan sobre la peligrosidad de la zona y acerca del carácter privado de los terrenos.

Incluso ha habido quien ha accedido a parcelas que estaban precintadas por la Policía Local, debido a la ausencia de brocal o a su estado deficiente. De ahí que los colectivos vecinales y los titulares de las antiguas minas (empresas y particulares) demanden también un incremento de la vigilancia por parte de los agentes en los montes del litoral, tanto en la vertiente del Mar Menor como en la del Mediterráneo.

Entre las zonas donde la Comunidad Autónoma ha forzado la estabilización y clausura de este tipo de instalaciones industriales están Llano del Beal, Estrecho de San Ginés, Alumbres, Portmán y La Unión. Se trata, recordaron en la Consejería, de uno de los trabajos habituales incluidos en los expedientes administrativos de abandono definitivo de labores mineras.

Para garantizar que está bloqueado el paso a galerías situadas sobre la superficie de las concesiones mineras, la Administración se basa en el artículo 112 del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

En la Región existen en la actualidad 765 concesiones, de las cuales 597 se localizan en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Como ejemplo de que la Comunidad no deja de reclamar el sellado y la restauración ambiental de estos terrenos, en Minas señalaron que solo la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya España S.A., dueña de la mayor parte de los suelos mineros de la comarca hasta que Portmán Golf los adquirió en la década de 1980, «ha presentado 102 proyectos de abandono definitivo de labores». De ellos, ha ejecutado ya 78 y el resto están «en proceso de ejecución». Además, «se estima que aún le quedan por presentar en torno a cien nuevos proyectos», explicaron en la Consejería. Y apuntaron que «las obras consisten, básicamente en cerramientos de galerías, construcción de brocales en pozos mineros y vallado de zonas de subsidencia y taludes».

En los terrenos donde se realizaron labores después del año 1982, la Administración insta al titular a presentar un proyecto de restauración del espacio natural afectado por la actividad minera. Eso incluye una concesión o un conjunto de ellas.

La actividad de extracción y explotación industrial del mineral acabó en esta zona de la Región en 1991. Fue entonces cuando la última empresa que explotaba los yacimientos a cielo abierto de plomo y zinc, Portmán Golf SL, solicitó la suspensión temporal de labores «por causas de fuerza mayor».