La restauración de balsas mineras abandonadas incluirá más fincas en la zona de Llano del Beal

Además, el Gobierno central está revisando su planificación para ampliar el número de instalaciones abandonadas donde intervendrá para eliminar los riesgos para el medio ambiente y la salud pública asociados a la presencia de metales pesados. Entre las incorporaciones, destacan parcelas situadas cerca de poblaciones o incluso en su casco urbano, como es el caso de la Balsa San Agustín, un solar con desechos mineros cuya propiedad está dividida entre el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa Portmán Golf.

La clave de este compromiso del Ministerio que dirige Teresa Ribera reside en que sus técnicos han modificado a la baja el cálculo inicial de costes de los trabajos proyectados. El Gobierno central tiene 40 millones de euros del programa de fondos europeos 'Next Generation' y, en coordinación con la Administración regional, decidió invertirlos en nueve emplazamientos. Pero ese dinero dará para actuar en más lugares.

Y no solo se seguirá el criterio de seleccionar instalaciones catalogadas por el Instituto Geológico y Minero de España (Igme) por su abandono y nivel de riesgo para la seguridad de las personas y del entorno. A la hora de priorizar actuaciones, también se tendrá en cuenta la cercanía a los núcleo urbanos, como planteó el comité de expertos en emplazamientos afectados por la minería metálica reunido por la Comunidad y los vecinos que forman la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados. Este colectivo recibió días atrás en la Consejería de Empresa, que dirige Valle Miguélez, un plano minero o de la zona para que proponga prioridades.

Así lo indicó a LA VERDAD el director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Horacio Sánchez, quien destacó «la importancia de la cooperación entre las administraciones regional y estatal a la hora de dar respuesta a la compleja problemática de la sierra y a las legítimas demandas de los vecinos». En especial, se refirió a que el recálculo de costes por parte del Ministerio ha permitido meter en el plan de protección del Mar Menor y la cuenca vertiente la eliminación de riesgos en la Balsa San Agustín. Es una finca situada a pocos metros del centro educativo San Ginés de la Jara.

Esta intervención acumula cinco años de demora por problemas con dos expedientes: el de autorización por parte de la Dirección General de Medio Ambiente del proyecto realizado por el Consistorio cartagenero para impermeabilizar su parte del solar y el de la orden de descontaminación de su zona dada a Portmán Golf, que presentó alegaciones.

La remediación de estos suelos se sumará a la ya anunciada por el Ministerio al Ayuntamiento de La Unión para el entorno del Colegio Público de Educación Especial Enrique Viviente. Para sacar adelante estas obras en terrenos públicos y privados, Transición Ecológica dispone de varias herramientas legales, entre ellas la cesión a su favor del suelo o la expropiación por motivos en interés general. En todo caso, está sondeando a los dueños de los terrenos para adquirirlos a un precio asumible. Y, como ya anunció el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el desembolso de dinero público irá acompañado de la prohibición de urbanizar los suelos durante un plazo de hasta 75 años.

El Ministerio planteó inicialmente actuar en las instalaciones Peña del Águila 1, Peña del Águila 2, El Descargador 1, El Descargador 2, Brunita, Encontrada Ponce, Los Pajarillos, Sancti Spiritu y Cuesta de las Lajas. A ello hay que sumar El Lirio, cuyos trabajos espera iniciar también este año la Comunidad gracias a 1,4 millones de fondos propios y a una subvención de Transición Ecológica de 4 millones. Después, pasará la factura a la empresa que abandonó los residuos.

Entre las candidatas a entrar en el plan ministerial, están los pantanos mineros La Rosa, Marqués de Pejas, Segunda Paz, Nuestra Señora del Buen Consejo, Julio César, La Pobrecita y pista de Jenny a Los Blancos. Transición Ecológica descartó intervenir en el solar de la antigua Balsa Jenny, ya que es propiedad de la Comunidad. La Consejería de Medio Ambiente gastará 815.000 euros en unas obras urgentes ordenadas por un juzgado de Cartagena para evitar vertidos. Después, deberá invertir una cantidad aún no definida para el sellado definitivo. En su día, el coste fue cifrado en 4 millones. Ya destinó 6,5 millones, junto al Ministerio, en el año 2005 para trasladar unos residuos desde allí a la corta Los Blancos.

Para disgusto de la Consejería de Medio Ambiente, el Gobierno de España también ha desechado ocuparse de la restauración del humedal protegido de Lo Poyo, donde es preciso un desembolso mínimo de 1,5 millones en el humedal. Fuentes estatales indicaron que en la decisión de Madrid pesó el hecho de que está pendiente el juicio del 'caso Novo Carthago', por la presunta recalificación ilegal de terrenos junto a este espacio protegido por parte de la Comunidad.