La negra ruta de los metales pesados en Cartagena y La Unión

Cuando, el martes pasado, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil descendieron por uno de los depósitos de residuos de la antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa) en Cartagena, algunos de los cuales superan los cinco metros de altura y están situados a escasos trescientos metros de las viviendas del barrio de Torreciega, vieron con gesto de preocupación cómo, al contacto con las aguas ácidas, la tierra de ese vertedero se disolvía como un azucarillo.

En una inspección de las antiguas instalaciones de la factoría, tras la denuncia por la muerte de aves protegidas realizada por el edafólogo cartagenero José Matías Peñas, documentaron un paisaje de aspecto por momentos apocalíptico y dejado desde hace años a merced de niños, mayores y perros por la rotura del vallado y la falta de descontaminación. Los guardias escribieron: «El agua de esta balsa presenta un color verde fosforescente. Al arrojar una piedra calcárea de la misma composición que los taludes que forman la balsa, se observa efervescencia y fuerte olor a ácido por la reacción química».

El acta, a la que ha tenido acceso LA VERDAD y que forma parte de la investigación sobre el fallecimiento de al menos siete ejemplares de cinco especies protegidas por España y la Unión Europea (garza real, garceta común, garceta bueyera, cormorán grande y gaviota de Adouin), refleja el deterioro de las aguas de lluvia almacenadas en una zona industrial cerrada en 2007. Solo dos días después, y en medio de las indagaciones de la Fiscalía, la Consejería de Medio Ambiente ordenó al actual propietario de los terrenos, la empresa Cartagena Parque SA -del conocido empresario Tomás Olivo-, el vaciado de las balsas en un máximo de diez días, por ser el contacto con sus líquidos tóxicos la causa de la muerte de los pájaros.

Así lo acreditaron los agentes medioambientales de la Comunidad, cuando Peñas dio la primera voz de alarma en mayo. Los casi seis meses empleados por la Administración regional en adoptar medidas para proteger la fauna, el medio ambiente en general y la seguridad de las personas -una demora que ha merecido críticas políticas y vecinales- simbolizan el paso lento con que avanzan los expedientes de restauración de múltiples espacios de Cartagena y La Unión. Se tata de áreas afectadas por residuos tóxicos y peligrosos generados durante décadas por fábricas y explotaciones mineras. Una tras otra, a lo largo de unos 30 kilómetros de longitud, desde Torreciega al humedal de Lo Poyo, en el Mar Menor (sumido ya de por sí en una grave degradación ambiental), pasando por El Hondón, Santa Lucía, Escombreras, Portmán y Llano del Beal, estas zonas forman una ruta de terrenos contaminados por metales pesados y residuos tóxicos y peligrosos -algunos incluso radiactivos- pendientes de restaurar.

Salpicados de llamativos tonos negros, ocres, blancos y amarillos, los suelos acumulan plomo, arsénico, mercurio... Es la envenenada herencia de décadas de actividad industrial bajo regulaciones poco exigentes o inexistentes, cuyos desechos siguen a la intemperie pese al avance legislativo, la creciente conciencia ambiental, la presión vecinal y política y el impacto ecológico, paisajístico, social, económico, urbanístico y hasta sanitario: hay 17 familias bajo seguimiento por más 3,5 microgramos de plomo por decilitro de sangre.

El investigador Peñas -que con sus denuncias ha logrado que impermeabilicen los patios de los colegios públicos de Llano del Beal y de Estrecho de San Ginés para reducir el riesgo de los menores a la exposición de partículas arrastradas por el viento y la lluvia- calcula que solo en la antigua fundición de Peñarroya en las faldas del monte San Julián, en Cartagena, hay depositadas 27,54 millones de toneladas de residuos.

«La Administración regional trabaja para mantener los niveles de inspección y control de estas zonas. Las medidas que está adoptando el gobierno en los casos de contaminación de suelos se ajustan a la legislación vigente y tienen los procesos que establece la misma», aseguran en la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Antonio Luengo. Y comentan que «los recursos materiales y humanos de la Administración no son ilimitados, y las cuestiones relacionadas con suelos contaminados requieren una dedicación y especialización para la que se está impulsando cambios que permitan incrementar el personal especializado».

Sobre la eficacia de la normativa, para actuar «contra los causantes de la contaminación» (como Zinsa en Torreciega o Peñarroya en la antigua fundición de plomo de Santa Lucía), aunque la empresa haya suspendido pagos y esté intervenida a nivel judicial, la Consejería indica que es una «materia que deberá abordar la Administración del Estado». En el ámbito regional, la Comunidad afirma actuar limitada por la ausencia de una normativa que obligue a descontaminar a los dueños actuales del suelo minero. Mientras no haya un nuevo «marco legal autonómico» -cuya redacción se ha visto retrasada por el desvío de técnicos a temas de agricultura y Mar Menor-, solo puede «fomentar acuerdos voluntarios con los titulares de emplazamientos contaminados, para elaborar planes de trabajo que permitan controlar y reducir el grado de contaminación».

Los residuos mineros se regulan por la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados y la gestión depende de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, incluida en el Prasam, el plan de restauración de suelos mineros. Minas condiciona la restauración completa de espacios a la declaración de caducidad de las concesiones. Sobre el papel, zonas donde no se extrae material desde hace años siguen activas. Este año ha habido un avance: una sentencia obligó a Peñarroya a restaurar 341 minas. Y ya hay en licitación varios proyectos.

A este panorama legal se agarran en la compañía Portmán Golf, quien compró a Peñarroya España en 1998 las propiedades de esta multinacional en la Sierra Minera, para rechazar las acusaciones de bloquear proyectos. Fuentes de la compañía aseguran que ésta coopera con la Comunidad para impermeabilizar y revegetar el depósito El Descargador, en La Unión. Ésta fue una de las dos intervenciones, junto al Lirio (cerca de La Manga Club) marcadas como prioritarias para 2018 por Medio Ambiente, que reservó cuatro millones de euros en sus presupuestos y que en breve fijará las actuaciones de 2020, a partir del criterio de un comité de expertos.

Por ahora, el Prasam ha actuado en la corta San Cristóbal II, en Mazarrón. El programa plantea una inversión público-privada de 85 millones de euros en diez años en al menos 29 espacios inventariados por el Instituto Geológico y Minero de España.

Volviendo al cinturón urbano de Cartagena, además de haber dado un empujón al expediente de Zinsa, que cuenta con una declaración de suelos contaminados desde 2009, en El Hondón la Comunidad está a la espera de que el Grupo Ercros presente en diciembre su proyecto para remediar los efectos de la suciedad dejada por la fábrica de abonos y fertilizantes Potasas y Derivados. El plan para el entorno de la factoría, derribada como la de Zinsa y que en 2001 dejó de vomitar a la atmósfera humos nocivos desde la entrada a la ciudad por la autovía, debe pasar el filtro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El CSN ha descartado un «riesgo significativo» para la población en El Hondón. Aun así, por petición de varias asociaciones de vecinos y de Podemos, la Fiscalía investiga si el largo abandono de El Hondón ha supuesto daños para la salud de las personas y para el medio ambiente. Entre tanto, también estos terrenos, uno de los seis de España con radiactividad (hay uranio -218, fosfoyesos y cenizas de pirita), se han topado con un vacío legal y con las prioridades políticas. Hay que cambiar la Ley de Energía Nuclear, de 1964, para forzar la limpieza de suelos radiactivos. La modificación debe promoverla el Ministerio para la Transición Ecológica, que en la legislatura pasada puso por delante luchar contra el cambio climático.