José López descarta dimitir tras su condena por coacciones a un funcionario y arremete contra este

El concejal portavoz de MC y exalcalde de Cartagena, José López, justificó los hechos por los que ha sido condenado por un delito leve de coacciones al funcionario jefe de Infraestructuras del Ayuntamiento, afirmó que en la Audiencia Provincial «no se ha hecho justicia» con él y descartó dimitir por esta sentencia, la segunda firme en su contra tras la impuesta por la patada que lanzó a un exalto cargo de la Comunidad Autónoma. Pero quien fue regidor desde junio de 2015 a junio de 2017 no se ha quedado ahí, sino que atacó al funcionario que sufrió las coacciones, Vicente Pérez Zulueta, y le ha llamado «murcio», término definido por la Real Academia Española como «ladrón o ratero». López ha recibido el respaldo de su grupo municipal y del partido MC, cuyo presidente es el también concejal Jesús Giménez Gallo.

«Quizá hayan leído que me han condenado a pagar 360 euros por reclamar un expediente que nos ocultaron durante meses», afirma López en un vídeo que difundió en redes sociales, y que su grupo municipal compartió. El edil obvia así el motivo de la sanción económica y carga contra el funcionario al que, según declara probada la sentencia, impidió salir de un despacho, tras golpear el casco de su moto contra una mesa y hablarle con un «tono exaltado y agresivo», que el tribunal califica como de «violencia verbal». Fue la reacción del edil cuando Pérez Zulueta le informó de que no podía ver un expediente porque faltaban informes, según recogió ya la sentencia del Juzgado de Instrucción 3, confirmada por la Audiencia.

«Está claro que no se ha hecho justicia. Pero lo doy por bien empleado si no vuelven a ocultar expedientes», dice López en la grabación. Y señala que «hay una sentencia que confirma que el denunciante exageró y que impone una multa por la discusión»; que «un funcionario ha sacado provecho en el tribunal de su condición»; y carga contra otro empleado público que declaró como testigo de los hechos, por su «declaración ambigua». Lo ocurrido fue presenciado también por otra trabajadora municipal, por Giménez Gallo, por la también edil María José Soler y por un asesor de MC. Y la sentencia recoge que una grabación realizada por López con su teléfono móvil con la intención de defenderse en los tribunales prueba precisamente lo contrario: la versión del denunciante.

López deja claro que no piensa renunciar al acta de concejal, actividad que ejerce como liberado con un sueldo de 61.413 euros anuales: «Si alguien cree que dejaremos de desenmascarar a los que mienten y nos roban el futuro, lo llevan claro». Y critica que Pérez Zulueta fue situado en su puesto por ser «alguien de confianza del Partido Popular» y «hermano del director general» [de Territorio y Arquitectura de la Comunidad Autónoma, Jaime Pérez Zulueta]. Y dice de Vicente Pérez Zulueta, natural de Murcia, que es «un murcio al que en mi etapa de alcalde tuve que apartar de redactar proyectos, porque los suyos siempre incluían errores tan groseros, por no llamarlos de otra manera, que obligaron a retirar pliegos como el de la Alameda de San Antón o el de algún campo de fútbol que, misteriosamente, diseñó sin porterías». Fuentes municipales indicaron que Pérez Zulueta pidió amparo a su sindicato, SIME, ante las declaraciones realizadas por López.

A preguntas de LA VERDAD, y tras varios días en los que el grupo municipal y el partido declinaron realizar manifestaciones, el presidente de MC respaldó a José López. «Compartimos íntegramente la valoración que hizo el viernes» el exacalde, afirmó el concejal y líder de esta formación política, la más votada en las últimas elecciones locales. Giménez Gallo, abogado de profesión, añadió que los estatutos de MC (admitió que el partido no tiene código ético) no establecen medidas respecto a quienes incurran en delitos leves, «las faltas de antes» de la reforma penal. «Ahora todo suena a lo mismo, pero lo han condenado por discutir» y por haberlo hecho «con razón», añadió Giménez Gallo. El edil se refirió con ello a que el equipo de gobierno municipal ocultó el expediente sobre irregularidades por parte de FCC - Lhicarsa, la empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza viaria y basuras.

El viernes, el equipo de gobierno municipal reclamó la dimisión de López, «una vez que se ha hecho firme su condena por coacciones contra un funcionario municipal». En un comunicado, recordó que «ya manifestó su rechazo a la actitud violenta contra el trabajador del Ayuntamiento» y añadió que «considera que la decisión firme de los juzgados solo puede tener como consecuencia la salida del concejal de la institución municipal». Además, «se trata de la segunda condena firme por delitos con violencia cometidos en su ejercicio como cargo municipal», argumentó la portavoz del Ejecutivo (formado por exediles del PSOE, PP y Cs), Esperanza Nieto.

Ese mismo día, la Junta de Gobierno Local reiteró «su solidaridad con el funcionario» y «trasladó del contenido de la sentencia a los grupos municipales y a la Junta de Personal, por si entiende que debe desarrollar algún tipo de acción en defensa del trabajador municipal».

Asimismo, el PP reprochó al PSOE que «sigue sin pedir la dimisión« de López. «El líder regional socialista, Diego Conesa, tiene que aclarar si sigue queriendo poner a López como alcalde de Cartagena», afirmó el presidente del Partido Popular de Cartagena y portavoz popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado.

«José López ha sido condenado en menos de un año dos veces por actos violentos y el PSOE todavía no se ha pronunciado», dijo Segado. Y añadió: «Los partidos políticos en Cartagena han exigido la dimisión de José López por estas condenas, pero el PSOE ni ha sido capaz de decir una sola palabra, no hemos escuchado a Diego Conesa decir absolutamente nada sobre esta circunstancia». Lo achacó a «cálculos partidistas», en concreto a un posible pacto de MC y PSOE para gobernar el municipio de Cartagena la próxima legislatura.

El secretario general del PSOE local, Manolo Torres, responde: «Los representantes públicos tenemos la obligación de ser ejemplares en nuestra conducta» y, «es incompatible la violencia y la coacción con la política». Pero agrega: «También es incompatible gobernar en la corrupción que supone el transfuguismo. Y el PP municipal y el regional y sus aliados tránsfugas no son los más adecuados para fijar líneas democráticas, porque dan cabida a la ultraderecha, blanqueándola pese a que ampara y justifica actitudes violentas».