Isen compra la cárcel de Cartagena por 1,1 millones al Perpetuo Socorro
Tras varios meses de negociaciones, ambas empresas cierran el acuerdo para que el centro de formación amplíe su oferta
La cárcel de San Antón ya tiene un nuevo propietario. El Hospital Perpetuo Socorro vendió el pasado lunes a Isen Centro Universitario las instalaciones del ... antiguo penal, un bien inventariado por la Dirección General de Bienes Culturales desde el 11 de abril de 2018, por cerca de 1,1 millones de euros, según pudo conocer LA VERDAD de fuentes cercanas a la operación. El interés de la institución docente por las instalaciones viene de lejos, como las negociaciones. Estas comenzaron hace más de un año y fructificaron hace escasas semanas. El acuerdo fue rubricado hace cuatro días por ambas partes.
La intención de Isen, según las mismas fuentes, es la creación de un centro similar al que ya tiene en la calle Menéndez y Pelayo, a la entrada al Barrio de la Concepción, junto al puente de Quitapellejos. Actualmente, además de este centro, donde imparte entre otros grados los de Enseñanza Infantil y Primaria, tiene sus primitivas instalaciones de la calle Real, en el entresuelo del número 68, donde los alumnos acuden a cursos de Formación Profesional. Este centro universitario ha crecido este curso un 6% en número de universitarios y un 5% en FP, según fuentes de esa empresa. La intención de seguir aumentando la cantidad de estudiantes y la oferta formativa lleva a Isen a comprar la antigua prisión.
Isen se centró en el penal de San Antón tras intentar comprar a la Comunidad Autónoma las instalaciones de la Casa del Niño, más cercanas a las actuales, para formar un gran campus universitario. Descartada esa opción, la empresa educativa sopesó hacerse con un solar contiguo a la residencia de las Hermanitas de los Pobres, también en el Barrio de la Concepción. Es el que hace esquina entre las calles Teucro y Pío XII. No cuajó la gestión.
La sociedad que controla los hospitales de Sebastián Feringán y la Alameda adquirió el penal en 2015 por 500.000 euros
Pabellón de reclusos
La compra de la cárcel de San Antón, que dejó de ser un centro penitenciario en 2002, se hizo oficial una semana después de que se conociera que el Ayuntamiento de Cartagena perdió la batalla con la sociedad Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el pleito por los edificios que deben quedar protegidos en la antigua cárcel. En una sentencia fechada el pasado 16 de marzo y comunicada hace unos días a todas las partes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia desestima el recurso municipal presentado hace dos años contra la decisión de la Administración regional de excluir el pabellón de reclusos de los elementos protegidos del recinto.
Vecinos y colectivos llevan pidiendo varios años que el complejo se conservara y reconvirtiera en un centro social, pero con la adquisición por parte de Isen se esfuma esa posibilidad.
El inmueble fue adquirido por la sociedad cartagenera propietaria de los centros sanitarios de la calle Sebastián Feringán y de la Alameda de San Antón en enero de 2017. Fue tras sacarlo a subasta la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, dependiente del entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, por un importe de salida de 500.000 euros.
Reproches de «electoralismo y golpes de pecho» marcan el debate municipal sobre el antiguo penal
La concejal de Unidas Podemos-IU-Verdes Equo, Leli García, defendió una iniciativa en el Pleno municipal de este jueves reclamando un uso social al viejo penal. Pidió una reunión «urgente» con la plataforma 'La Cárcel no se Vende' y que el Ayuntamiento estudie comprarlo.
Aunque reconoció el trabajo por vía judicial del gobierno local, lamentó que el resultado «no es satisfactorio». Esto a tenor de la sentencia del 16 de marzo en la que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región desestima el recurso municipal presentado hace dos años contra la decisión de la Administración regional de excluir el pabellón de reclusos de los elementos protegidos del recinto. El fallo deja vía libre a su propietaria hasta abril, la sociedad Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a derribarlo.
En respuesta, la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, recordó que fue imputada en 2019 siendo alcaldesa por bloquear el derribo parcial de la antigua cárcel. «¿A ver a cuántos alcaldes han imputado por hacer frente a un promotor? A mí, sí». La Fiscalía advirtió entonces indicios de un posible delito de prevaricación administrativa, a raíz de una querella del Hospital Perpetuo Socorro. Ese mismo año, la juez descartó que Castejón cometiera prevaricación al impulsar la denegación de la licencia, pues impidió un «daño irreparable» al estar en trámite la protección del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC).
Al respecto, Castejón indicó que la moción de García era «injusta» y la acusó de «inexperiencia, afán electoralista y de darse golpes de pecho». Añadió que Urbanismo está en constante contacto con la plataforma. García recriminó a Castejón su intervención, en la que habló «solo en nombre propio para alabar lo buena que ha sido».
Por su parte, el concejal de MC, Jesús Giménez Gallo, aseguró que la protección de la cárcel «la pedimos MC y Podemos». Mientras que el edil de Vox, Gonzalo Abad, justificó su abstención porque «el uso del Hospital no es malo» y el Consistorio pudo comprar la cárcel hasta en dos ocasiones.
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