Un funcionario reitera el presunto amaño de contratos en el Puerto de Cartagena

En una declaración como testigo ante la titular del juzgado, dentro de la fase de investigación, J. A. S. R. explicó que cuando era jefe del Departamento de Sistemas participó en los procesos administrativos de licitación que desembocaron en adjudicaciones a las empresas Alfatec y Sopra. Efectuó valoraciones técnicas de las ofertas presentadas por las compañías que se presentaron a los concursos públicos. Y se refirió a su impresión de que Alfatec recibió puntuaciones altas sin justificación clara por parte de dos personas investigadas en la causa: María José Barahona, jefa de Planificación y Gestión del Puerto, y Paloma Escudero, responsable de Estrategia y Desarrollo Financiero. Asimismo, el funcionario señaló que, en su opinión, los pliegos de la licitación ganada por Sopra fueron redactados por esta misma empresa. Según la Fiscalía, se habría valido de información privilegiada.

La causa, abierta previa querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los dos expresidente del Puerto y otras personas, abarca los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, información privilegiada / revelación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documento público. Hay siete personas investigadas.

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, indicó que hay indicios de que Sevilla habría incurrido, junto a Escudero y Barahona, en un «trato de favor a la empresa Alfatec». También habría habido «presiones» para «imponer criterios y requisitos en los pliegos, que impedían presentarse a la empresa que llevaba el mantenimiento de Navision [un sistema de gestión del Puerto]».

Este viernes, el jefe de Ciberseguridad fue preguntado acerca de si el Puerto ha realizado pagos a empresas antes de la emisión de las facturas. Según las fuentes consultadas, contestó que sí cuando está justificado, por ejemplo en caso de gastos no previstos en contratos de mantenimiento general.

Entre tanto, el Puerto -presidido de forma interina por el vicepresidente Pedro Pablo Hernández-, ordenó recientemente pagar casi 35.000 euros a una empresa por servicios encargados de forma verbal desde Sistemas, área que los justificó en 2021. Según fuentes de toda solvencia, el director del Puerto, José María Gómez Fuster, comunicó en febrero a responsables de varios departamentos que el Ministerio de Transportes obligó a abonar dicha cantidad. Gómez instó también a evitar los contratos de palabra.

En un escrito interno, el Puerto informó de que abrió un expediente de revisión de oficio por la contratación verbal de servicios y lo comunicó al Ministerio. También recordó que la ley prohíbe a las entidades públicas contratar verbalmente, salvo emergencia; y advirtió de posibles sanciones graves y muy graves al trabajador que vulnere la normativa. Este diario preguntó al Puerto por este asunto y por otros posibles encargos verbales, pero no respondió.