El fiscal ve indicios de que un hospital se adueñó de una calle

Sin embargo, como expuso el propio fiscal al juzgado el 3 de enero, en un escrito al que ha accedido LA VERDAD, la información reunida hasta ahora exige seguir investigando para aclarar las dudas sobre el posible aprovechamiento ilegal, con fines privados, de un tramo de la calle Jorge Juan, previa ruptura del principio de igualdad y beneficio «a un particular» por parte del Ayuntamiento.

Según el criterio del fiscal, «existen relevantes indicios» de «la posible realidad de los hechos denunciados» por el Perpetuto Socorro, incluida «la cooperación y puesta de acuerdo de funcionarios municipales» para favorecer con dos permisos de obras a su rival en la sanidad privada y concertada [con el Servicio Murciano de Salud] en Cartagena.

Bajo la lupa de la Fiscalía está la concesión de dos licencias urbanísticas al Virgen la Caridad: una en el año 2008 para urbanizar como aparcamiento de vehículos del centro sanitario una superficie de 2.349 metros cuadrados; y otra en 2016 para construir dos plantas más por la edificabilidad atribuida a esa parcela, tras asumir el Consistorio la aparente titularidad «fraudulenta» de este solar del Ensanche. Esta obra, inaugurada en mayo de 2019 tras ese supuesto 'pelotazo' urbanístico, implicó una inversión de 5,5 millones de euros.

La primera licencia fue otorgada el 1 de octubre de 2008, con la firma del concejal de Urbanismo, Joaquín Segado (del PP), a quien el Perpetuo Socorro pide imputar. En la alcaldía estaba Pilar Barreiro. La segunda fue firmada por el jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, el 25 de enero de 2016. El alcalde y concejal de Urbanismo era José López, pero según fuentes de su grupo municipal, MC, carecía de competencias para firmar esas autorizaciones. Añadieron que incluso en 2015, desde la oposición, López preguntó en la Comisión de Urbanismo por ese 'estreche' del Ensanche y la respuesta fue que no hubo ocupación ilegal.

Los hechos sometidos a examen por la Justicia son anteriores a que la empresa Magnum Capital Partners asumiera la gestión del hospital, en diciembre de 2018, y de que la compañía Healthcare Activos Yield comprara el inmueble, el pasado mes de enero. Y el proceder «en contra de usos públicos inveterados del vial en cuestión» se remonta a hace doce años, cuando a pesar de que el Consistorio se encargaba del mantenimiento y de la limpieza del terreno, e incluso había realizado con fondos públicos obras de alumbrado entre los años 2002 y 2005, concedió el permiso para urbanizarlo.

La clave, apunta Lozano, es que las ortofotos, los planos (entre ellos los del Plan General de 1961), las referencias catastrales sobre la segregación de una finca original llamada La Puyola y otros documentos apuntan a la existencia de una «cesión tácita» de los terrenos en 1976 en favor del antiguo propietario del inmueble, Repsol, como vial del terreno anexo al hospital de Repesa. Hasta el momento no hay constancia escrita de esa fórmula legal para alcanzar ese acuerdo de uso, pero el fiscal considera que el conjunto de los datos indican que sí la hubo, y que la finalidad fue que el titular del centro médico pudiera «patrimonializar» su parcela. Ya en 2010, Repsol vendió el edificio a la empresa Centro Médico Virgen de la Caridad, constituida por empresarios de Cartagena y que tenía varias clínicas en la ciudad.

Entre los elementos de la causa judicial figura que en 2008, dos años antes de escriturar el edificio, el Virgen de la Caridad solicitó al Consistorio quedar exento del Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) por ser municipal la parcela. El Ayuntamiento rechazó la petición, que según fuentes judiciales habría implicado un ahorro de unos 4.700 euros, al entender que la parcela era privada. Con todo, el fiscal reseña que en el Consistorio no las tuvieron todas consigo, pues el perito de la parte querellada reconoció que «existió cierta incertidumbre en los técnicos municipales sobre la titularidad».

A la vista de todo ello, Lozano solicitó «comenzar con la toma de declaración de investigados». El juzgado ya ha citado como testigo, para el 26 de marzo, al exconcejal del PP, ahora edil de MC, Enrique Pérez Abellán. Ya testificó, a propuesta del Perpetuo, el subgerente del Catastro José María Rosique.

Fuentes de Fiscalía indicaron que podrían existir delitos de estafa, malversación y prevaricación administrativa. El Perpetuo, cuyo abogado es Manuel Abadía (exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia), ve falsedad en documento público, prevaricación continuada, delito contra la ordenación del territorio y estafa.Además de a Segado (actual portavoz del PP en la Asamblea Regional) ha pedido ya imputar al consejero delegado y presidente del Consejo de Administración del Virgen de la Caridad, José María Ferrer; y al apoderado de Repsol, José Francisco Vázquez.

El Perpetuo también ha instado a citar a la funcionaria del Registro de la Propiedad 2 de Cartagena María Isabel Lapuente; al exjefe municipal del servicio de Obras y Planeamiento Juan Canalejo; a la jefa del servicio de Intervención Urbanística, Paloma Rodríguez; al ingeniero de caminos Antonio Sabater Soto; y a la empresa Sabater Ingenieros Profesional SL Constructores.